Cuando una amenaza interna, alcanza dimensión internacional

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

En una semana, dos acontecimientos colocaron nuevamente a la delincuencia organizada en una dimensión que trasciende las fronteras nacionales. Ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Donald Trump reiteró su postura sobre México y los cárteles de la droga, aunque llamó la atención que los calificara como “el ISIS del hemisferio Occidental” y “enemigos de la humanidad”, además de señalar que Estados Unidos impedirá que la amenaza que representan, gane espacios en el Continente.

Aunque el discurso no es nuevo, sitúa el combate a la delincuencia organizada en una dimensión de seguridad hemisférica. Horas después, durante la reunión de “El Escudo de las Américas”, el presidente estadounidense anunció una primera acción conjunta contra 24 organizaciones delictivas, ocho de ellas de origen mexicano.

Las medidas anunciadas contemplan acciones para reconocer y combatir a estas organizaciones como amenazas comunes, congelar activos y cuentas vinculadas con sus estructuras y redes de apoyo, establecer restricciones de movilidad y visados, además de mantener intercambio permanente de información y acciones de aplicación de la ley conforme al marco jurídico de cada país integrante del Escudo de las Américas.

¿Qué explica estas acciones? Estados Unidos está activando mecanismos de cooperación internacional en el hemisferio. Pretende que los países integrantes del Escudo, con su apoyo intensifiquen actividades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia para afectar capacidades operativas, financieras y logísticas de los grupos delictivos.

¿Cómo impacta esta estrategia en México? En principio, las acciones estarán dirigidas hacia estructuras operativas y financieras fuera del territorio nacional; conforme avance el trabajo conjunto, la información obtenida puede revelar integrantes de las organizaciones, redes de apoyo, origen y destino de transacciones, así como personas físicas y morales relacionadas con sus actividades.

Esta información, además de alimentar medios de comunicación y redes sociales, puede trasladar el debate a otros escenarios, especialmente si aparecen nombres de empresarios, políticos o funcionarios que autoridades extranjeras consideren vinculados con financiamiento, protección o apoyo a estos grupos.

El problema dejaría entonces de concentrarse en la posición estadounidense, pues otros países participantes podrían plantear también la necesidad de que el gobierno mexicano informe, investigue y, cuando corresponda, actúe.

El Estado mexicano deberá responder desde sus capacidades jurídicas e institucionales. Contrastar señalamientos extranjeros con pruebas, procedimientos y legislación nacional, además de preservar soberanía y jurisdicción, seguirá siendo indispensable, pero difícilmente será suficiente si no existe capacidad para investigar la información recibida, determinar responsabilidades y actuar conforme a derecho frente a una presión exterior creciente.

Esto no significa que el gobierno mexicano permanezca ajeno al combate contra la delincuencia organizada. Existe trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses, acompañado de comunicación e intercambio de información, cuyos resultados son informados periódicamente por el Gabinete de Seguridad.

También existe cooperación en el ámbito militar. Águila Alta constituye un ejemplo: fuerzas armadas mexicanas y autoridades estadounidenses desarrollaron acciones concurrentes, cada una dentro de su territorio, apoyadas en intercambio de información y en los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación. La operación permitió detectar e inhibir drones comerciales utilizados para vigilar movimientos de autoridades durante actividades relacionadas con tráfico de drogas y personas.

La dimensión internacional de una amenaza interna no comienza cuando otro Estado decide reconocerla o combatirla. Surge cuando sus intereses, mercados, redes, medios y capacidades trascienden el territorio donde se desarrolla y encuentran condiciones que pueden ser aprovechadas para extender sus actividades y afectar intereses de seguridad de otros países.

Frente al riesgo que esto representa, cada nación responde conforme a su legislación, intereses y capacidades institucionales; Estados Unidos ha optado por ampliar esa respuesta mediante mecanismos bilaterales y multinacionales.

Las formas diplomáticas podrán mantenerse y las diferencias jurídicas seguirán marcando límites. El desafío para la toma de decisiones se encuentra en otro terreno: ¿cómo debe responder el Estado mexicano ante las exigencias externas, cuando la amenaza tiene su origen, crece y se consolida dentro del territorio nacional?

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

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