La inseguridad escolar y una causa principal
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
Pasaron 6 meses para que nuevamente se repitiera un acto violento dentro de un centro educativo. Ahora fue Lázaro Cárdenas, Michoacán, el pasado 24 de marzo, en donde un adolescente de 15 años, después de que se le negara el ingreso por llegar tarde a la preparatoria Antón Makarenko, agredió con un arma de alto poder a una maestra y una secretaria, causándoles la muerte.
Se publicó que el joven agresor, antes de cometer el ilícito, compartió en sus redes sociales, fotografías y videos en los que se le observa con el arma de uso exclusivo del ejército. También se menciona de mensajes de odio y misoginia, además de simpatizar con el movimiento “Incel”.
Los directivos de la escuela lamentaron el hecho violento y señalaron que el culpable era un alumno de reciente ingreso, que no había sido expulsado y tampoco tenía problemas en sus colegiaturas. Por su parte, la presidenta y las autoridades de educación calificaron el hecho como algo muy doloroso, que debe atenderse de manera integral, fortalecerse el programa de salud mental en las escuelas y están dispuestas a abrir el debate para definir si los menores de edad que cometen delitos de alto impacto, deben ser juzgados como adultos.
Las primeras preguntas obligadas son: ¿qué pasó con la seguridad escolar del plantel?, ¿dónde quedó el compromiso de los directivos para generar un ambiente que permitiera a la comunidad educativa, desempeñarse en un ambiente pacífico?, ¿la preparatoria contaba con un plan de seguridad?, ¿disponía de un servicio de seguridad con filtros de control y protección?, ¿por qué no se actuó de manera inmediata y evitó la agresión?
Fuera de estas interrogantes que, por desgracia, tendrán respuestas negativas, un silencio o un tema diferente para desviar la atención, surgen datos importantes y coincidentes entre este caso y otros dos eventos del pasado reciente de nuestro país.
El antecedente más reciente, fue la agresión de parte de un estudiante a un compañero, en septiembre del 2025 en el CCH Sur de la Ciudad de México. Las coincidencias de los eventos son: mismo nivel educativo del plantel (preparatoria/bachillerato), los temas publicados por los agresores en sus redes sociales y horarios de su publicación. El otro antecedente, si bien no está registrado como un acto provocado por un estudiante, si resulta coincidente por los factores que intervienen en el ingreso de personas armadas al interior de planteles educativos y por el perfil de las víctimas de los agresores. Estos datos nos permiten focalizar agresiones como la amenaza natural, la ausencia de seguridad escolar como la vulnerabilidad integral y la probabilidad del riesgo como una constante en diferentes regiones del país.
La presidenta habló de la atención a la salud mental en las escuelas y que se debe atender el problema de manera integral. Estas palabras en lugar de generar confianza, provocan preocupación. Da la impresión de que a pesar de que las autoridades conocen el problema, su naturaleza y causas, siguen buscando la manera de actuar en el futuro de manera integral. De otra manera, hubiéramos escuchado datos concretos en políticas y estrategias públicas aplicadas, avances estadísticos y formas de atender problemas específicos que escapan a la cobertura general.
Si bien se busca trabajar de manera integral en este campo, es importante que los siguientes elementos no queden marginados en las políticas y estrategias que apliquen las autoridades, ya que son fundamentales para prevenir la violencia escolar: “autoestima”, “educación emocional”, “salud emocional”, “control de impulsos” y “tolerancia a la frustración”. Estos últimos han llamado la atención en estudios recientes que han elaborado diferentes especialistas en la materia.
Por otra parte, es esencial que sean inclusivos los programas de gobierno, que incluyan la participación de la comunidad en su conjunto, de los padres de familia y autoridades de diferentes niveles de gobierno, pero, sobre todo, es fundamental que estas acciones sean llevadas a cabo de manera particular por cada centro educativo, ya que en este nivel es en el que se conoce a detalle la problemática de sus estudiantes y es en ellas, en quien recae por norma, la responsabilidad de la seguridad escolar.
Son quienes deben asumir el compromiso de construir los cimientos para que la institución educativa que dirigen sea segura, son quienes deben garantizar espacios libres de peligros y riesgos, generar condiciones adecuadas para que la convivencia social y educación se desarrollen de manera pacífica, en el marco del respeto al estado de derecho, a principios axiológicos y a la propia comunidad.
Son estas autoridades quienes deben trabajar en dos ejes: “en la prevención” y “en la contención oportuna de los eventos peligrosos que atenten contra la seguridad escolar”. Son ellas quienes deben potenciar las fortalezas de sus escuelas, reducir errores, omisiones y deficiencias, son quienes deben evitar que los eventos peligrosos se manifiesten y afecten a la comunidad estudiantil.
Su objetivo final deberá centrarse en que el aprendizaje, crecimiento y socialización de los estudiantes se lleve a cabo de manera segura, pacífica, libre de violencia, de acoso y del uso de sustancias prohibidas. De esta manera podremos avanzar como dice la presidenta, de manera integral, pero sobre todo, con pasos firmes.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
