Tiempos difíciles y la inseguridad sigue

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

En los primeros dos meses del 2024, se ha observado la radicalización de la violencia en diferentes regiones del país y una constante en la comisión de diversos delitos, entre los que destaca el homicidio, tal y como lo demuestra la estadística de la agencia especializada en estudios de opinión TResearch INTERNATIONAL que tiene registrados 2,350 homicidios a nivel nacional en lo que va del año 2024.

Esta cifra coincide con el informe diario que publica en su portal de Internet, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchos de los homicidios son consecuencia de otros ilícitos como las extorsiones, el robo a transportistas, vehículos, casa habitación y comercios, así como de asaltos a transeúntes, desapariciones forzadas e inclusive de actos de violencia por razón de género.

Otro tema que ha sido una constante en estos dos meses del año, son las manifestaciones de diferentes sectores sociales que han cuestionado a las autoridades de gobierno, las deficientes políticas de seguridad pública, la falta de justicia a las víctimas y la necesidad de contar con espacios y caminos seguros:

• Los colectivos de madres buscadoras exigen la localización de sus familiares desaparecidos, piden trabajar de manera colaborativa con las autoridades ministeriales, requieren que se les proporcione equipo y ropa especial para proteger su integridad y solicitan a las autoridades que les brinden la seguridad necesaria durante sus actividades de búsqueda.
• Los grupos feministas cuestionan a los funcionarios públicos, sus posturas misóginas, los actos de hostigamiento, de revictimización y la ausencia de justicia para las víctimas, exigen respeto a los derechos de las mujeres y que se apliquen políticas públicas que garanticen su seguridad por razón de género.
• Los transportistas manifiestan que las carreteras del país son cada día más peligrosas, que los robos con violencia se han incrementado, que son más frecuentes los homicidios a transportistas, que no hay condiciones para que transiten sin exponer su integridad física, los automotores y la mercancía que transportan, por lo que exigen mayor atención de parte de las autoridades para que haya carreteras seguras.
• Las organizaciones de la sociedad civil manifiestan de manera recurrente su preocupación por los índices de inseguridad que se viven en el país, por el incremento de homicidios y feminicidios, exigen justicia para las víctimas de los delitos, así como el apoyo para los colectivos de madres buscadoras y los grupos feministas. También exigen mejores condiciones de seguridad para los transportistas y que se replanteen las políticas de seguridad pública en beneficio de los ciudadanos y sus bienes.

Ante los índices de inseguridad y la constante de homicidios en el país, dos planteamientos: 1) ¿Son válidas las acciones que llevan a cabo estos sectores sociales? ¡Sí! Porque todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse de manera pacífica, 2) ¿Son justificables sus manifestaciones ¡Sí! Puesto que son las víctimas, familiares y compañeros de trabajo de las víctimas, así como los grupos que representan de manera organizada a la sociedad en general.

Ahora vayamos a los tiempos que se viven en México. Desgraciadamente el entorno electoral y la fecha próxima para el inicio de campañas, hacen que estos tiempos sean difíciles para que las autoridades atiendan las exigencias sociales en materia de seguridad pública.

• La etapa previa a las campañas electorales en la que todos los actores políticos tratan de cuidar su imagen, es común observar conductas evasivas o escuchar argumentos de parte de los funcionarios públicos en ese sentido de que las manifestaciones sociales, son motivadas por el propagandismo político electoral que busca afectar la reputación de funcionarios, candidatos y partidos políticos.
• Una vez que inicien las campañas electorales, será más difícil que las autoridades atiendan las exigencias de seguridad que son promovidas públicamente por los diferentes sectores sociales. Lo anterior se debe a la norma electoral que obliga a los funcionarios abstenerse de tratar temas electorales. El de la inseguridad es uno de estos aspectos que tradicionalmente se traslada al plano electoral.

Esto no significa que la sociedad deje de manifestarse, al contrario, seguirá exigiendo a las autoridades que haya justicia para las víctimas de los homicidios y feminicidios, el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y que se generen espacios y caminos seguros, pero el entorno electoral hace que los tiempos sean difíciles, pero, desgraciadamente por la tendencia de los índices delictivos que se muestran en las estadísticas, la inseguridad sigue.

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

miguel@marmgsc.com