Cero y van tres, los meses con un toque de violencia especial
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
Termina el mes de enero de 2026, como uno de los periodos más violentos en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. Sus características muy parecidas a los meses de octubre y diciembre de 2024, en donde los instrumentos utilizados por la delincuencia organizada fueron las agresiones armadas y con el uso de explosivos hacia cuerpos de seguridad en diferentes regiones del país.
Estos hechos que, por su propia naturaleza, evidencian limitaciones que tienen las autoridades y generan dudas sobre estadísticas oficiales en materia de homicidios dolosos y privaciones ilegales de la libertad, también provocan incertidumbre sobre sus capacidades de inteligencia, investigación y operación.
En el caso de Guanajuato, llama la atención la forma en la que un grupo delictivo llegó a un campo de futbol y a manera de feria de pueblo, disparó en contra de los jugadores y espectadores, matando a 11 personas y dejando heridas a un número similar. Un tema que mostró una actitud pasiva tanto de las autoridades locales como de la Federación.
Los enfrentamientos entre grupos armados con autoridades fue la constante del mes en Culiacán, Sinaloa, pero elevó su intensidad cuando grupos armados, agredieron en dos eventos separados, al titular de seguridad pública del municipio y a dos diputados locales en la zona centro de la ciudad y en un horario de alta movilidad de personas y vehículos. Lo preocupante del caso es la postura de la autoridad local que normalizó este tipo de acontecimientos y que consideró como algo común sobre todo en contra de las corporaciones policíacas.
En el municipio de Huichapan, Hidalgo, un grupo de civiles armados privaron de su libertad a cuatro integrantes de la Guardia Nacional. Después de un despliegue de las fuerzas de seguridad, encontraron con vida a tres de ellos y uno más, el comandante del destacamento fue encontrado sin vida. En el caso prevaleció la discreción de las autoridades. La preocupación del caso es que trató de una agresión directa en contra de personal de la Guardia Nacional.
Zacatecas fue escenario de una agresión a cuerpos de seguridad mediante el uso de explosivos. Las imágenes de la explosión dejan ver que se trató de un acto deliberado, planeado y con la finalidad de que fuera difundido en tiempo real, a través de redes sociales. Llama la atención que fue horas después de haberse llevado una reunión regional de seguridad en la capital de dicho Estado y que como resultado del operativo que llevaron a cabo las fuerzas del orden, aseguraron 600 kilogramos de explosivos. Un acto que, si se valora bajo la perspectiva de la teoría, del orden jurídico y la propia definición de la presidenta de México, tiene las características propias para ser considerado un acto terrorista.
Mientras esto sucede en diferentes entidades del país, Colima fue escenario de una agresión armada en contra de dos familiares mujeres, de un funcionario de primer nivel del gobierno federal.
Por si este tipo de eventos no fueran pocos para el país y sobre todo para las autoridades, el grupo de hackers “Chronus” llevó a cabo un ataque masivo en contra de los sistemas tecnológicos de por lo menos 20 instituciones públicas, entre las que se encuentran el IMSS, el SAT y otras dependencias de gobierno de la Ciudad de México y de los Estados de Sonora y Querétaro.
Especialistas en la materia manifiestan que este ataque motivó la pérdida de información y datos personales de más de 100 mil usuarios de las dependencias públicas, por lo que se considera como uno de los ciberataques más relevantes de los últimos meses. Si bien se activó al Órgano Interno de Control y a la Fiscalía General de la República, lo que es una realidad es que la ciberseguridad no es una prioridad de las autoridades mexicanas y este evento, denota la vulnerabilidad de sus sistemas y protocolos de ciberseguridad.
Podemos concluir que cero y van tres los meses con un toque de violencia especial para las autoridades de la presente administración federal. Las acciones de la delincuencia organizada, tanto en el ámbito físico como en el ciberespacio, muestran por una parte sus capacidades y por otra, las debilidades de la seguridad del Estado mexicano, tanto para preservar la seguridad de sus activos, como para proteger la información sensible y los datos personales de ciudadanos.
Si bien en todos estos actos, hay una reacción de parte de los cuerpos de seguridad, hay delincuentes detenidos, así como armas y explosivos asegurados, las preguntas obligadas son: ¿Por qué los índices de violencia, en lugar de bajar, persisten e inclusive, muestran una tendencia al alza?,¿Por qué la violencia cada día se generaliza en el país?, ¿Acaso la estrategia de seguridad no es la correcta?
Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben ocuparse más de la seguridad en su concepción integral. Deben analizar sus procesos y resultados, deben aceptar errores y mejorar en aquellas áreas que sean necesarias, y deben recordar que, si les va bien a ellos, le va bien a México.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
