Se disuelve máxima de Nerón en discurso para desviar culpas de propios fracasos

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

En los dos últimos sexenios, el partido en el poder se ha caracterizado por aplicar la máxima de Nerón en el discurso oficial, es decir, desviar las culpas de sus errores y fracasos de políticas públicas a administraciones pasadas. En el campo de la seguridad, el ejemplo característico ha sido canalizar culpas a Felipe Calderón y a utilizar como chivo expiatorio el nombre de García Luna.

En los tiempos recientes, la estrategia propagandística de desviar las culpas a terceras personas ha dejado de ser la opción más efectiva tanto para el gobierno federal como para el partido en el poder, sobre todo si se toma en cuenta que los señalamientos hacia funcionarios y políticos de filiación morenista por sus vínculos en actividades de delincuencia organizada, brotan diariamente como margaritas en todo el país.

Los eventos recientes se focalizan en Jalisco. Son dos casos: El primero se refiere a la difusión de los antecedentes penales de un diputado local del Partido del Trabajo y el segundo se relaciona con la detención del presidente municipal de Tequila, de filiación morenista, quien estaba señalado por actos de corrupción, abusos en el ejercicio de sus funciones, privación de la libertad, vínculos y participación directa con un grupo delictivo.

Por si solos, no serían suficientes estos casos para señalar que la máxima de Nerón en el discurso oficial, se desvanece a pasos agigantados. También hay que señalar que hay otros que también ayudan a detonar esta percepción, como el caso de una diputada federal por Morena en Baja California, quien es señalada por colaborar con la delincuencia organizada y que está siendo investigada por autoridades mexicanas por su participación con la delincuencia organizada y por el uso de recursos de procedencia ilícita.

También está el caso de quién fuera secretario de seguridad del gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco y que está siendo juzgado por los delitos extorsión, secuestro y asociación delictuosa, cuando ejercía el cargo público.

Otro caso que no se debe descartar, es el de funcionarios aduanales y marinos involucrados en el caso del huachicol fiscal y que son procesados por los delitos de delincuencia organizada, contrabando, comercialización y transporte ilegal de hidrocarburos.

Tampoco se puede dejar de lado, el caso de los funcionarios del gobierno federal, gobernadores, legisladores y presidentes municipales que constantemente son señalados por su colaboración en actividades ilícitas y que desde la narrativa del gobierno y de medios de comunicación de Estados Unidos, están siendo investigados por su involucramiento directo con los grupos delictivos denominados por ese país como narcoterroristas.

En conclusión, son varios los casos en que se señala la participación de militantes de Morena en actividades ilícitas y vinculados con la delincuencia organizada, por lo que la máxima de Nerón se disuelve rápidamente. Esto, a pesar de que sean las propias autoridades mexicanas, las que están actuando en contra de algunos funcionarios corruptos.

A estas alturas de la administración, los márgenes de error son reducidos, ya no es fácil esconder la vergüenza de los errores y fracasos del presente. Si el gobierno y el partido en el poder insisten en seguir utilizando este argumento como una de sus principales coberturas mediáticas, las consecuencias se centrarán en una mayor percepción negativa sobre la efectividad de la estrategia de seguridad y en el porcentaje de los índices de inseguridad en las diferentes regiones del país.

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

miguel@marmgsc.com