Reto del Estado mexicano ante la evolución del riesgo

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

En las columnas anteriores señalamos que la inseguridad en México no es un fenómeno reciente y que su evolución no puede comprenderse únicamente a partir de acontecimientos violentos o indicadores estadísticos. La percepción de inseguridad refleja cómo la sociedad identifica cambios en su entorno, mientras que el análisis de la amenaza permite reconocer que sus formas de operación y capacidades también se han transformado.

Esto conduce a una pregunta necesaria: ¿cómo ha respondido el Estado mexicano a una amenaza que tampoco ha permanecido estática? Para comprenderlo es necesario mirar algunos momentos de las últimas décadas.

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, las instituciones de seguridad respondían a un escenario diferente. El narcotráfico y la delincuencia organizada constituían una amenaza, pero sus actividades estaban vinculadas principalmente con determinadas regiones, la producción, trasiego y control de rutas.

Durante la década de 1990 comenzaron cambios importantes. La transformación del entorno de seguridad, exigió mayores niveles de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. La reforma constitucional de 1994 y la legislación de 1995, establecieron las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública y reconocieron que la seguridad requería responsabilidades compartidas y mecanismos de coordinación.

Fue un cambio relevante, pero también permitió identificar una realidad que continuaría presente durante las siguientes décadas: establecer atribuciones en la norma no significaba contar automáticamente con las capacidades para ejercerlas. La profesionalización, recursos, información, coordinación y procuración e impartición de justicia, serían parte de un proceso que tendría que continuar desarrollándose.

Con el inicio del siglo XXI, las amenazas modificaron nuevamente sus características. Las organizaciones criminales ampliaron sus áreas de influencia, fortalecieron sus capacidades y comenzaron a disputar con mayor intensidad espacios estratégicos. El territorio adquirió una importancia distinta y, en determinadas regiones, pasó de ser una ruta de tránsito a convertirse en un elemento de control y confrontación.

En 2006 se produjo un punto de inflexión. La dimensión de la violencia generó nuevas exigencias para las instituciones del Estado y amplió la participación de las instituciones federales, incluidas las fuerzas armadas, en tareas de apoyo a la seguridad pública. Posteriormente, la reforma constitucional de 2008 fortaleció aspectos relacionados con la coordinación, profesionalización, evaluación, certificación e investigación.

Pero mientras las instituciones modificaban sus capacidades, las amenazas también lo hacían. Entre 2012 y 2018 persistieron diferentes expresiones regionales de violencia y aparecieron nuevas dinámicas relacionadas con el control territorial, las actividades económicas ilícitas y la capacidad de influencia. Las condiciones del territorio también marcaron diferencias: no enfrenta el mismo escenario una región fronteriza que una zona rural, una región montañosa o un corredor de comunicación estratégica.

En 2019 se estableció una nueva arquitectura federal con la creación de la Guardia Nacional. Posteriormente, durante 2024 y 2025, nuevas reformas ampliaron sus atribuciones y fortalecieron mecanismos relacionados con investigación, información, inteligencia, coordinación y profesionalización.

La sucesión de estos cambios permite observar algo importante: el Estado mexicano sí ha evolucionado institucionalmente. Ha reformado su marco jurídico, creado instituciones y desarrollado nuevas capacidades como respuesta a las necesidades de cada etapa. El cuestionamiento es diferente: ¿esas capacidades han evolucionado con la misma rapidez con la que ha cambiado el riesgo?

La respuesta no puede obtenerse únicamente contando instituciones, elementos desplegados o reformas aprobadas. Los datos oficiales muestran diferencias importantes entre entidades en materia de recursos humanos y materiales, equipo, infraestructura, profesionalización y capacidades especializadas. Por ello, una capacidad nacional no puede entenderse como una capacidad uniforme. Las características geográficas, económicas y sociales de cada región, condicionan tanto la amenaza como la respuesta institucional.

Además, la evolución reciente de los grupos delictivos proporciona otros elementos para comprender el escenario. Los aseguramientos de armamento y explosivos realizados por las instituciones de seguridad durante 2025 y 2026 permiten observar modificaciones en las capacidades materiales de algunos grupos y aportan información sobre la evolución de sus formas de actuación.

Estos elementos permiten observar que el riesgo no permanece estático. Una amenaza puede disminuir en determinado indicador y, al mismo tiempo, experimentar transformaciones en otros ámbitos al modificar sus métodos, presencia y control territorial, incorporar nuevas capacidades o encontrar nuevas formas de generar impacto.

Por ello, la seguridad no puede analizarse exclusivamente desde la estadística ni desde el resultado inmediato de una operación. Los indicadores son necesarios, pero deben interpretarse junto con la evolución de las amenazas, condiciones del territorio y capacidades disponibles para responder.

La sociedad percibe esos cambios. Las instituciones los enfrentan. El Estado debe convertir esa información en decisiones. Por ello, el verdadero reto no consiste únicamente en crear nuevas instituciones o modificar permanentemente el marco jurídico. El desafío consiste en que las capacidades jurídicas, institucionales y operativas sean suficientes, especializadas y coordinadas para responder a riesgos que presentan características diferentes en cada región del país.

La experiencia de las últimas décadas muestra que el Estado mexicano ha construido y transformado sus capacidades, pero también evidencia que, ante la evolución de los entornos regionales, permanecen limitaciones y aparecen nuevas brechas.

Por ello, el desafío actual consiste en que las capacidades del Estado no evolucionen únicamente después de que el riesgo se manifieste. Deben hacerlo de manera paralela a la transformación del riesgo y con la dimensión necesaria para responder a sus nuevas características. Esto permitirá al Estado conocerlo, anticiparlo, prevenirlo y gestionarlo de acuerdo con las condiciones reales del territorio y de la sociedad.

Es un hecho: cuando el riesgo cambia, el Estado está obligado a mejorar y hacer más eficientes sus capacidades para enfrentarlo.

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

miguel@marmgsc.com