Estrategia antiterrorista de EU y su impacto en México
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
La estrategia antiterrorista del gobierno de Estados Unidos (EU) fue difundida por Donald Trump, la semana pasada. Su contenido define la postura que mantendrá hacia los grupos que representan esta amenaza y hacia actores que de manera encubierta, los apoyan.
El prólogo representa el pensamiento del presidente y destacan como aspectos relevantes, la migración ilegal en Estados Unidos, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, el empleo de la fuerza militar para detener y destruir sus operaciones, contener el tránsito y contrabando de drogas, armas, mujeres y niños en el hemisferio, y evitar que gobiernos que apoyan a estos grupos, conspiren contra ciudadanos norteamericanos. Estos temas han sido su bandera de acción y los puntos de su narrativa para presionar a los países en donde existen organizaciones delictivas del narcotráfico, como Venezuela, Colombia y México.
En la estrategia que le da un carácter de seguridad nacional, plantea un trabajo sin tolerancia, con sanciones a los gobiernos que no actúen de manera contundente para identificar y desmantelar el apoyo encubierto que reciben organizaciones terroristas y una postura alejada del discurso de “América sin fronteras”.
Si bien la estrategia prioriza plantea acciones diplomáticas, financieras, cibernéticas y de inteligencia contra cárteles de la droga y para disuadir a los actores estatales hostiles que les prestan asistencia o que patrocinan a estos grupos, queda claro que las actividades centrales del gobierno norteamericano se centraran en identificar sus centros de planeación y operación, interrumpir sus fuentes de armas, financiamiento y reclutamiento, para así llevar a cabo su destrucción.
En este mismo sentido versan las declaraciones del presidente y funcionarios norteamericanos, quienes han sido reiterativos en sus señalamientos sobre los grupos delictivos mexicanos, la forma en que actuarán si no reciben el apoyo necesario de parte del gobierno mexicano y mantienen su narrativa de que nuestro país está gobernado por el narcotráfico.
Este es uno de los temas de preocupación para el gobierno mexicano, debido a las controversias que genera en diferentes sectores del país. Por una parte, se percibe por parte del oficialismo y de un sector de la sociedad, como una intromisión a la seguridad nacional y soberanía del país y, por otra, tiende a ser admisible para la oposición y otro sector de la sociedad, la colaboración de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero sobre todo les resulta plausible, la presión que ejerce hacia las autoridades mexicanas para que sean más contundentes en el desmantelamiento de las organizaciones delictivas, así como en el castigo a delincuentes y fuentes de apoyo.
Hay dos casos recientes en nuestro país, en los que están involucradas autoridades norteamericanas y que han evidenciado posturas concretas de parte del gobierno que han sido cuestionadas y ha evidenciado posturas encontradas en los sectores político, social y en los medios de comunicación. Uno tiene que ver con el operativo que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para desmantelar un laboratorio de droga sintética. El otro es la acusación a funcionarios y ex empleados del Gobierno de Sinaloa por su participación con el Cártel de Sinaloa.
El operativo de Chihuahua ha sido señalado por la participación de agentes de la CIA. Las acciones del gobierno federal se focalizaron en el gobierno local, a quien acusaron de violar la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, de cometer traición a la Patria y de vulnerar la soberanía nacional. Se le citó a la gobernadora ante el Senado de la República, se abrió una carpeta de investigación por parte de la FGR. Teóricamente pudieron tener razón y su actuación en consecuencia, hubiera sido avalada por la sociedad.
La controversia del caso se deriva de que no se hayan considerado en los planteamientos del gobierno federal, las facultades del Gobierno de Chihuahua, que rinde cuentas al Congreso local, en que hay un convenio de colaboración en materia de seguridad, firmado en 2023 entre los gobiernos de Chihuahua y Texas y se participan agencias norteamericanas de inteligencia, que se dejó de lado el desmantelamiento del laboratorio y la participación de personal militar.
La acusación a los funcionarios y ex directivos del Estado de Chihuahua, la solicitud de detención provisional con fines de extradición. El gobierno federal de manera conjunta con la FGR actuó con la misma rapidez que el primer caso, pero en sentido contrario. Desecharon el caso, exigieron pruebas y evidencias del caso y centraron la actuación de las autoridades en el marco legal de nuestro país, pero no abrieron la posibilidad de iniciar una carpeta de investigación. Es probable que también haya actuado en el marco de sus facultades y debemos presumir la inocencia de las personas si no hay pruebas y evidencias de su involucramiento en actividades ilícitas.
La polémica surge cuando algunos de los acusados, desde el 2021, han sido señalados de participar con el narcotráfico, de ser los responsables de la privación de la libertad de políticos y ciudadanos sinaloenses, de ser incapaces en sus funciones públicas de generar condiciones de seguridad para su población.
El espiral que vemos entre la estrategia antiterrorista de Estados Unidos, la narrativa de sus funcionarios, las acciones que tome el gobierno mexicano y la reacción de los diferentes sectores sociales, seguirán estando en el mismo orden.
Podemos concluir que estos temas que son del interés nacional y que han sido objeto de controversias, polémicas e inclusive de polarización social, se enmarcan en conceptos de la soberanía y seguridad nacional, y en este sentido, tiene razón el gobierno mexicano de actuar en consecuencia. Sin embargo, debe ser prudente al valorar las amenazas que afectan al Estado Mexicano, ya que la propia ley en la materia, además de considerar la traición a la Patria y la interferencia extranjera en asuntos nacionales, también incluye el terrorismo y actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
