Persisten discursos a las acciones en confrontación México-Estados Unidos
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
La semana pasada, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer la sanción a 12 personas y 2 empresas por estar vinculadas con el Cártel de Sinaloa en actividades de narcotráfico, tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y lavado de dinero; lo relevante es que en la relación destaca otro funcionario público del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.
Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se encuentra realizando el análisis fiscal, financiero y corporativo de dichas personas y empresas, con el propósito de identificar posibles operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita y, en caso de encontrar elementos, implementar las medidas legales correspondientes.
Posteriormente se llevó a cabo una reunión en Palacio Nacional entre autoridades mexicanas y el secretario de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo con información de la propia presidenta mexicana, los puntos que se atendieron durante la reunión de entendimiento fueron: 1) Avances que se han logrado en el combate al narcotráfico y la reducción al fentanilo, 2) Necesidad conjunta de frenar el tráfico de armas a los grupos delictivos, 3) Trabajo colaborativo, respetando la soberanía y autonomía, 4) Atención del flujo migratorio, partiendo de las causas estructurales y el respeto de los derechos humanos.
Queda claro que ambos temas se dan en el marco de la coordinación y cooperación binacional. La segunda en particular se trató de una reunión formal y periódica, derivada de los mecanismos y acuerdos oficiales, cuyo fin es el de intercambiar información de temas específicos, evaluar resultados de trabajos conjuntos realizados y orientar acciones de mejora.
En términos generales es bueno, habla de entendimiento, colaboración y continuidad en trabajos relacionados con la seguridad. Lo malo es que se sigue distorsionando la esencia de estas actividades, al ponerles el toque propagandístico de siempre, que por cierto, cada día resultan más desgastantes y menos creíble: colaboración y coordinación, pero no subordinación.
Los otros dos temas que no dejan de ser noticia, tienen que ver con el caso de los funcionarios y ex directivos de Sinaloa que fueron acusados por el gobierno de Donald Trump de estar relacionados con actividades delictivas y con el proceso judicial que se sigue sobre la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo en el que se desmanteló un laboratorio en el Estado de Chihuahua.
Lo nuevo de ambos temas, son los citatorios emitidos por la FGR al gobernador con licencia por Sinaloa y a la gobernadora en funciones por Chihuahua. Los citatorios se desprenden de procedimientos ministeriales iniciados por esa dependencia y el motivo es la comparecencia de ambas personas, en su calidad de testigos. Si bien son acciones que se deben seguir el problema se centra en que ambos casos se contaminaron desde su origen y sobre todo, están politizados, por lo que en este sentido, el curso que siga será acompañado de cuestionamientos y señalamientos de parte de los diferentes sectores sociales. Por una parte, la defensa a la narcopolítica y por otra, señalamientos a quién está trabajando para garantizar la seguridad de la población.
Si esto no fuera suficiente, las recientes declaraciones a favor del expresidente de Cuba, Raúl Castro, de parte de la Ejecutiva de la Nación, plantean una hipótesis sobre la estrategia comunicacional de Presidencia de la República, en el sentido de crear temas controversiales en los que se mantenga la atención y polarización social.
En conclusión, los acontecimientos recientes se centran en temas de carácter binacional entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, que si bien, muestran una imagen de cooperación entre las autoridades de ambos países, también generan desconfianza en la opinión pública ante la falta de transparencia, objetividad y uso político que se le da a los temas de interés nacional.
Es esencial que los esfuerzos comunicaciones se centren en recuperar la credibilidad institucional y construir una narrativa basada en resultados verificables y no en posicionamientos discursivos.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
