El impacto preocupante de la violencia
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
Diciembre se ha caracterizado por actos violentos cometidos por grupos delictivos en contra de elementos de las fuerzas de seguridad. En los municipios de Cotija y Buenavista, Michoacán, personal militar fue víctima de la explosión en donde cuatro militares fallecieron y otros cinco resultaron heridos como consecuencia de la activación y explosión de minas antipersonales. En Culiacán, Sinaloa, un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana falleció como resultado de un ataque armado.
Mientras Villahermosa, Tabasco, fue escenario de quema de vehículos, incendio a negocios, un motín en el Centro de Reinserción Social y una agresión armada en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; en el municipio de Caborca, Sonora, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, fueron agredidos con armas de fuego por un grupo de delincuentes; en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, una agresión con armas de fuego a integrantes de la Guardia Nacional, dejó como resultado un agente muerto y uno más herido.
Este mes tiene gran semejanza con el pasado octubre de 2024. En ambos meses, la violencia fue el instrumento que utilizaron los grupos delictivos. Los hechos violentos en los dos meses se concentraron en bloqueos carreteros, quema de vehículos, incendio de negocios y agresiones armadas en contra de integrantes de los cuerpos de seguridad. En estos meses destacó el uso, explosión y aseguramiento de artefactos explosivos.
Los acontecimientos cometidos por la delincuencia en estos meses descritos ya corresponden al periodo de la administración federal actual, pero lo más relevante, es que los hechos violentos ocurridos en diciembre quedan enmarcados antes, durante y después de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Evento que se caracterizó por el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las bondades e importancia de la estrategia de seguridad que promueve su gobierno y que queda en evidencia ante la recurrencia de los hechos violentos en los Estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tabasco.
Vayamos al tema de las agresiones. Estos acontecimientos están representados por eventos intencionales y peligrosos que buscan como objetivo final causar un daño. Es evidente que constituyen amenazas reales e inminentes y que comprometen la seguridad física, moral y psicológica de los integrantes de las fuerzas de orden en los tres niveles de gobierno.
Las consecuencias lamentables de estos acontecimientos peligrosos son producto de las debilidades en su seguridad personal y en las que se puede observar que hay exceso de confianza, se carece de una cultura de prevención, que están ausentes los protocolos y las buenas prácticas de seguridad, indispensables para evitar o contener de manera inmediata cualquier agresión violenta de parte de grupos delincuenciales.
La combinación de los factores amenazas y vulnerabilidades está generando condiciones propicias para que se sigan presentando agresiones violentas en contra del personal de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno. El lugar en el que se pueden presentar será cualquier región del país, principalmente aquellos Estados que muestran una constante en este tipo de eventos peligrosos.
El uso de artefactos explosivos en sus diferentes modalidades, por desgracia ya se vislumbra como el instrumento rutinario que será utilizado por los delincuentes. En este sentido, el nivel de riesgo se considera alto, su probabilidad es una constante y las consecuencias que puede tener seguirán siendo críticas.
Las autoridades no deben dejar pasar por alto este tema. Aquí sí aplica atender las causas del problema de manera inmediata, deben priorizar la seguridad física, moral y psicológica de sus integrantes, deben evitar que sean objeto de intimidaciones y que caigan en un ambiente de temor e inseguridad. Hay que recordar que de este activo de valor, depende en gran medida el éxito de las políticas públicas de seguridad y las estrategias que se ejecutan en el combate para reducir los índices de violencia y de inseguridad en las diferentes regiones del país. Hay que atender el concepto formativo, el adiestramiento práctico y el trabajo basado en la gestión y prevención de los riesgos.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
