Son tiempos difíciles, pero no es imposible mejorarlos
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
La última semana se registraron acontecimientos de diferente naturaleza en nuestro país. Los Estados que estuvieron en la escena mediática fueron Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y Chihuahua.
En el caso de Sinaloa, de manera concreta sobre la solicitud del gobierno norteamericano para detener de manera provisional con fines de extradición a funcionarios y ex empleados del gobierno de esa entidad, por su supuesta participación en actividades del narcotráfico, destacan varios hechos: dos de ellos se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades estadounidenses; existe el rumor sin confirmar de que un senador en funciones, involucrado en el mismo caso, fue detenido en la ciudad de San Diego, California, por funcionarios de la DEA.
Sobre Guerrero destaca la agresión armada y la quema de propiedades que sufrieron comunidades de la montaña de manos de uno de los grupos delictivos que opera en la región, así como el comentario de la secretaria de Gobernación de buscar un acuerdo de paz con estos grupos.
Zacatecas es otro Estado que se ha mantenido en el debate nacional. Primero la manifestación de diversas organizaciones sociales que demandan apoyos de parte del gobierno local, después la toma del Congreso por un grupo de productores de frijol, buscando la ayuda para la venta de sus cosechas a precios justos y este fin de semana; trascendió la información de parte de las autoridades estatales de que fueron localizados artefactos explosivos en el municipio de Villanueva, Zacatecas.
Chihuahua, es otro de los Estados que con motivo de la manifestación promovida por la dirigencia de Morena para exigir la salida de la gobernadora del Estado y apoyar la soberanía nacional; también se pudo apreciar que diversas organizaciones sociales se manifestaron para mostrar su apoyo a la mandataria, cuestionar a los dirigentes morenistas y evitar el ingreso de camiones de simpatizantes del partido a la manifestación social.
El caso de Sinaloa sigue siendo un tema alta sensibilidad, la relevancia de los exfuncionarios que se entregaron de manera voluntaria, radica en los puestos que ocuparon en el Gobierno de Sinaloa: secretario de Seguridad Pública y titular de Finanzas, dos funcionarios que revisten un grado de confianza y en donde se concentra la información, la seguridad y el dinero. Sobre el motivo que los orilló a entregarse, se puede interpretar que las investigaciones están muy avanzadas, que las autoridades estadounidenses aportaron de manera discreta las pruebas requeridas por su contraparte mexicana o que las presiones ejercidas por el gobierno de Donald Trump (posiblemente sobre señalamientos de otros funcionarios de gobierno federal), lograron que el gobierno mexicano accediera a su petición.
Respecto al senador involucrado por las autoridades judiciales de Estados Unidos, a pesar de que es un rumor no confirmado, el hecho de que el legislador se mantenga ausente de sus actividades en la Cámara, genera las condiciones ideales para que la especulación política y mediática se mantenga en el acontecer nacional.
Guerrero y Zacatecas plantean escenarios delicados porque involucra conflictos de carácter social y violencia, que proyecta una imagen de presión creciente hacia las autoridades locales y sugiere el planteamiento de tres posibles escenarios: Un aislamiento institucional a los sectores vulnerables del país, como lo son el sector campesino y las comunidades originarias, quienes se han visto afectados por la falta de apoyos económicos y porque se han vulnerado sus derechos fundamentales; una señal de debilidad e incapacidad de las autoridades para preservar la seguridad y gobernabilidad del país, el crecimiento de los actos de inconformidad que van de la mano del desgaste paulatino y creciente en la imagen de los gobiernos federal y locales y, que merma en su legitimidad, sobre todo para mantener el control de las regiones del país, en las que los grupos delictivos se caracterizan por su violencia extrema y por el empleo de artefactos explosivos, que hoy en día se ha convertido en algo común y rutinario.
El caso de Chihuahua, el enfoque de los acontecimientos es claramente político y electoral. Ofrece un escenario de polarización entre dos sectores sociales: por una parte, los dirigentes nacionales, militantes y simpatizantes de Morena y por otra, sectores locales que respaldan a la gobernadora del Estado de Chihuahua. Si bien estas movilizaciones buscan expresar demandas, también es evidente que disputan la legitimidad de los actores políticos con miras a las elecciones del año 2027.
En conclusión, estamos observando un panorama nacional marcado por tensiones simultáneas de inseguridad, conflictos sociales, confrontación política y presiones diplomáticas, que impactan en la percepción de la estabilidad y legitimidad de gobierno, en la seguridad y gobernabilidad del país.
Estamos en un momento en el que las autoridades del Estado Mexicano deben actuar buscando el fortalecimiento de las instituciones, generando las condiciones de paz, seguridad y libre tránsito, así como atender las demandas sociales, resolver los problemas estructurales, romper la polarización y lograr la unidad nacional. Son tiempos difíciles, pero no es imposible mejorarlos.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
