La fragilidad de la seguridad personal

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

La seguridad personal es una condición que le permite a una persona convivir de manera pacífica con sus semejantes en espacios libres de peligro y riesgo. Comprende las capacidades que tiene una persona para asegurar sus dimensiones físicas, morales y psicológicas para proteger a su familia y patrimonio.

La seguridad personal es un derecho humano que tienen todos los ciudadanos. El Estado está obligado a garantizar la libertad, integridad física y el patrimonio de la población, diseñar políticas públicas que permitan promover una cultura de respeto y lograr la protección de este derecho. También tiene la ineludible responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que se cometan en contra de este derecho humano.

Por su parte, la sociedad es responsable de promover estrategias para generar entornos seguros, promover la cohesión social, trabajar con la comunidad para identificar riesgos a su seguridad, aportar alternativas prácticas para prevenir abusos y violaciones a los derechos humanos, mantener comunicación asertiva con las autoridades encargadas de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos.

Como se puede apreciar, la seguridad personal es un derecho humano que involucra la participación de la población, del Estado y la sociedad civil, en una dinámica holística, polivalente y multidimensional. Si abordamos este tema con la participación activa de estos tres componentes, en teoría debería haber niveles altos de seguridad personal. Sin embargo, ¡no es así! ¿Por qué? ¿Por qué no hay cohesión, comunicación y colaboración?, ¿Por qué se carece de políticas públicas eficientes?, ¿Por qué no hay compromiso o interés de las partes?, ¿Por qué se ignoran las responsabilidades de las partes involucradas? o ¿Por qué la población ante el desconocimiento de sus responsabilidades señala a las autoridades de ser la única parte de resolver el problema?

Estos planteamientos permiten pensar en las inconsistencias, carencias y fallas que hay en el campo de la seguridad personal. En su conjunto representan debilidades que facilitan la manifestación de eventos peligrosos orientados a causar daños graves en la dignidad humana y seguridad de las personas.

Los eventos peligrosos representan amenazas y tienen diferente naturaleza, pero hay algunos que se presentan de manera periódica en nuestro país, como es el caso de las lesiones, agresiones físicas, la privación ilegal de la libertad y de la intimidad, el hostigamiento, acoso, abuso y violencia psicológica, física, educativa, laboral, sexual, de género y familiar, el homicidio y feminicidio.

Lamentablemente estas amenazas que se convierten en delitos son una constante y afectan principalmente a la población más vulnerable, como es el caso de las mujeres y los menores de edad.

Por esta razón es importante reflexionar sobre las acciones que deben aplicar las tres partes involucradas en este problema. Se sabe que es un tema complejo, que tiene carácter estructural y que, para tener resultados en el corto plazo, debe haber una participación colaborativa y responsable.

Las autoridades en los tres órdenes de gobierno deben generar las políticas públicas que involucren la participación conjunta de las instituciones administrativas y de seguridad, mediante la aplicación de estrategias claras, objetivas y medibles, deben garantizar eficiencia y eficacia, pero sobre todo, atender las necesidades reales que presentan los diferentes sectores sociales del país.

La sociedad civil, por su parte, debe fungir como el eslabón vinculatorio en el trabajo de las autoridades y la participación de los ciudadanos. Debe trabajar para romper la polarización actual y ser el artífice de la cohesión social, debe participar en la generación de entornos residenciales seguros, diseñar observatorios ciudadanos que permitan evaluar y actualizar los riesgos, aplicar o promover los mecanismos de solución, debe exigir la participación de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y perseguir el delito y de aplicar justicia a los autores de los ilícitos y, debe incentivar la participación ciudadana en temas de su competencia.

Por último, los ciudadanos tienen la responsabilidad de entender y aplicar las medidas en su entorno personal que les permitan garantizar su seguridad en las dimensiones personal, moral y psicológica, deben encausar la protección de su familia y patrimonio. Debe empezar desde el hogar, colaborar con las medidas de control y seguridad de la comunidad, conocer los mecanismos que se aplican ante casos de riesgo, debe promover una cultura de prevención del delito entre sus familiares y garantizar la protección de su patrimonio.

Hay tres elementos claves en este apartado: 1) Convivir de manera responsable, armónica y justa con sus semejantes, respetando la dignidad humana de sus familiares y vecinos, 2) Actuar de manera ética y solidaria con la sociedad, respetando los principios y valores morales, éticos y jurídicos en las relaciones sociales, 3) Considerar como un deber ciudadano, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana de las personas.

Si estos tres elementos fluyen colectivamente en una misma dirección, se pueden tener avances significativos en la prevención y reducción del delito. Pero si cada elemento se trabaja de manera individual, los resultados serán más tardados, los costos más elevados y será evidente la fragilidad de la seguridad personal.

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

miguel@marmgsc.com