¿Qué pasa con la seguridad personal?

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

Las agresiones a servidores públicos, agentes ministeriales y mandos de los cuerpos de seguridad han sido una constante en diferentes regiones del país, por lo menos en lo que va del año 2023. Los casos más mencionados en medios de comunicación y redes sociales son los generados en Guerrero, Michoacán, Baja California y Jalisco. También representantes de los sectores privado y social han sido objeto de agresiones, generando víctimas en los sectores empresarial y de la sociedad civil.

Hagamos una valoración de los eventos: Las regiones en las que se suscitaron los hechos se caracterizan por una alta incidencia delictiva. En estos lugares los delitos como el robo, las lesiones, la privación ilegal de la libertad, las desapariciones forzadas, los homicidios y feminicidios son constantes y constituyen una de las principales amenazas a las que está expuesta la sociedad, principalmente las personas que pueden ser objeto de valor para los grupos criminales.

El perfil de las víctimas es coincidente en el puesto de dirección que ostentaban, en la importancia del cargo que desempeñaban y en lo sensible de las responsabilidades que tenían asignadas. También coinciden los errores en los mecanismos de protección que aplicaban, no dimensionaron los peligros a los que estaban expuestas en el momento previo a la agresión, generaron exceso de confianza, descuidaron su seguridad personal, ignoraron las medidas básicas de protección; en otras palabras, se expusieron de manera deliberada y vulneraron su integridad.

Lamentablemente la información pública aporta elementos para considerar que, en la gran mayoría de los casos, las víctimas generaron las facilidades para que sus derechos fundamentales fueran agredidos y comprometieron su libertad, integridad física, psicológica y moral.

Podemos concluir que en las regiones del país que se caracterizan por su alta incidencia delictiva, se concentra la mayor cantidad de eventos peligrosos que amenazan de manera habitual, los bienes jurídicamente tutelados de los ciudadanos, que las personas que representan algún valor para los criminales serán siempre su objetivo prioritario, y que es evidente que hay deficiencias en las políticas de seguridad pública, pero sobre todo hay desconocimiento o falta de interés en los protocolos básicos de seguridad personal que debe aplicar todo ciudadano, principalmente los que ejercen cargos de dirección de primer nivel en los sectores público, privado y social.

Es necesario que estas personas aprendan de los errores, que estén dispuestas a crear conciencia y generar una cultura de prudencia, precaución y prevención del delito, que logren vincular sus tareas y actividades al principio de la seguridad y, a la vez, que hagan de este principio, una norma de conducta, una disciplina y un hábito de vida, basado siempre en su seguridad y protección personal.

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