Otis y la seguridad de las personas en Guerrero

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

Las características del huracán Otis, sus devastadores efectos en el Estado de Guerrero y la forma en la que actuaron las autoridades en las fases de prevención y auxilio, han sido y seguirán siendo por un tiempo prologado, el centro de atención de planteamientos y cuestionamientos diversos por parte de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional.

Ante el inminente impacto del huracán Otis, la gestión del riesgo y la seguridad de las personas, debió ser parte fundamental de la planeación estratégica de gobierno. No sucedió o no se percibe, sobre todo si consideramos que, previo al huracán, autoridades, población y turistas realizaban actividades cotidianas; hay testimonios de pobladores que no fueron alertados y no recibieron material informativo con fines de prevención, las personas que lamentablemente fallecieron o están desaparecidas se encontraban en lugares de alto riesgo, los refugios temporales no fueron utilizados. Todo esto a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo su reporte con estimaciones actualizadas.

El auxilio a las personas debió proporcionarse en el momento en el que los efectos del huracán cedían. Las autoridades tenían la responsabilidad de garantizar el control de las zonas afectadas, la seguridad de la población y sus bienes, la protección de la infraestructura económica, la búsqueda, asistencia y salvamento de desaparecidos y la distribución de alimentos a la población.

Lo que se reflejó en Acapulco, en esta fase crítica e importante, fue la ausencia de la autoridad municipal, la incapacidad de la autoridad estatal y tardanza de la autoridad federal para aplicar el plan de emergencia. Hoy la ciudad presenta condiciones de inseguridad, actos de rapiña, un sistema de distribución de alimentos rebasado en sus capacidades y una población vulnerable en su integridad física moral y psicológica, que vive en condiciones insalubres y además está expuesta a ser objeto de robos, perder lo que le queda de su patrimonio y a los abusos de algunos comerciantes que venden los productos de primera necesidad a precios elevados.

La decisión de centralizar los apoyos por parte del gobierno y evitar la participación de la sociedad civil, fue un acto apresurado:

• No se valoró si las capacidades de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública eran suficientes en ese momento para realizar todas las tareas de auxilio y atender las necesidades de la gran cantidad de damnificados.
• No se tomó en cuenta que la decisión impactaba de manera directa en los derechos fundamentales de las personas: A quienes de manera solidaria llevaban apoyo, se les negaba el libre tránsito y a los damnificados se les retrasaba el acceso a alimentos, agua y productos básicos, indispensables para su supervivencia.

Es evidente que la seguridad de las personas no fue una preocupación y compromiso de las autoridades de gobierno con motivo del huracán Otis. No es posible que no se haya generado una estrategia de gestión del riesgo y de seguridad de la población y de sus bienes, cuando año con año, el Estado de Guerrero es afectado por depresiones, tormentas o huracanes y la población ya se ha visto afectada en otras ocasiones por este tipo de fenómenos naturales.

Es imposible pensar que no hubo negligencia de parte de las autoridades, cuando la legislación de protección civil en los tres órdenes de gobierno establece los protocolos de prevención, emergencia y auxilio inmediato y cuando existen antecedentes de huracanes categoría 4 y 5 que han impactado en diferentes regiones del país.

La gestión del riesgo y la seguridad deben ser consideradas como normas y principios fundamentales en todas las políticas públicas. Estos aspectos no deben ser ignorados, menospreciados, discriminados o subordinados, tampoco deben ser selectivos o parciales, ya que está de por medio el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas personas afectadas y la seguridad de su patrimonio. Aprendamos de los errores y no tropecemos con la misma piedra.

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