Más allá de la percepción de inseguridad
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI en junio de 2026, ofrece un dato que merece atención: 59.8% de la población de 18 años y más que reside en 91 áreas urbanas, considera inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa una disminución estadísticamente significativa frente a 61.5% registrado en marzo de este año y a 63.2% de junio de 2025. Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme, ya que de las 18 áreas urbanas que registraron cambios significativos, 12 fueron a la baja y 6 al alza.
Existen ciudades que mantienen niveles elevados de percepción de inseguridad, como Irapuato, Culiacán y Reynosa, con 91.2%, 90.8% y 86.6%, respectivamente. En contraste, San Pedro Garza García, Los Mochis y Apodaca registraron una percepción de 10.6%, 31.2% y 33.4 por ciento. También destacan las variaciones registradas entre marzo y junio de 2026: Ciudad Nezahualcóyotl pasó de 55.5 a 41.3%; Nuevo Laredo, de 34.8 a 26.5%; y Zapopan, de 70.8 a 54.1 por ciento.
Los datos muestran que la percepción de inseguridad no se comporta de la misma manera en todo el país. La pregunta es: ¿qué condiciones pueden estar influyendo en esas variaciones?
En el campo de la gestión de riesgos existe una diferencia fundamental entre explicar una emergencia y comprender por qué ocurrió. Algo similar sucede con la percepción de inseguridad. La encuesta muestra lo que la población percibe, pero el dato por sí solo, no explica las condiciones del entorno, las amenazas ni las vulnerabilidades que pueden encontrarse detrás de esa percepción.
Una ciudad puede mantener niveles elevados por una exposición constante a determinados acontecimientos o por vulnerabilidades que no han sido reducidas; otra puede registrar un cambio significativo después de un acontecimiento que altera la normalidad y modifica las rutinas de la población. Por ello, la percepción debe analizarse como una señal relacionada con otros elementos del riesgo.
Las condiciones del entorno determinan quién o qué puede verse afectado. La amenaza puede manifestarse mediante hechos violentos, delitos de alto impacto o nuevas modalidades de agresión; la vulnerabilidad se encuentra en las condiciones que incrementan la posibilidad de que produzcan consecuencias mayores. Cuando estos elementos se concatenan, el riesgo aumenta.
La experiencia permite observar cómo los acontecimientos pueden modificar la percepción de seguridad. Durante 2024, la violencia prolongada en Sinaloa, alteró durante un periodo extendido la movilidad, actividades económicas y rutinas de la población. Durante 2025, la presencia de explosivos improvisados, minas y otros dispositivos introdujo otra dimensión en la percepción del riesgo. En 2026, acontecimientos de alto impacto han vuelto a demostrar la rapidez con la que puede modificarse la percepción cuando se altera la normalidad de una región.
La percepción puede cambiar en horas. Un acontecimiento puede tener un impacto local, pero su difusión puede ampliar la percepción de exposición e influir en las conductas de la población. La ENSU muestra además, que la percepción se concentra en espacios específicos, como los cajeros automáticos ubicados en la vía pública y las calles.
Aquí surge otro cuestionamiento: ¿qué decisiones deben modificarse a partir de esta información? La respuesta requiere ir más allá del porcentaje nacional. Es necesario identificar dónde aumenta la percepción, dónde disminuye, dónde permanece elevada y qué acontecimientos o condiciones pueden estar influyendo. Después, corresponde analizar amenazas, vulnerabilidades, probabilidad, consecuencias y nivel de riesgo para determinar las acciones necesarias para su tratamiento.
Una disminución de la percepción constituye una señal favorable, pero no significa que los riesgos hayan desaparecido. De la misma manera, un incremento no explica por sí solo sus causas. La percepción de inseguridad es una variable importante para la toma de decisiones, pero no constituye por sí sola, un diagnóstico integral del riesgo, muestra cómo la población interpreta su entorno.
El Estado debe tener la capacidad de adaptarse a cambios del entorno, identificar qué está modificando la percepción, revisar evaluaciones y reducir vulnerabilidades que facilitan la materialización de amenazas. La seguridad no puede gestionarse únicamente a partir de acontecimientos que ya ocurrieron. Aprender de lo ocurrido es indispensable, pero también lo es reconocer que los entornos cambian constantemente y que las decisiones deben modificarse antes de que el siguiente evento produzca consecuencias mayores. La percepción de inseguridad puede cambiar en una encuesta. El riesgo, sin embargo, puede estar cambiando mucho antes.
Ir más allá de la percepción de inseguridad significa comprender que una variación estadística no es, por sí misma un diagnóstico. Es una señal. El verdadero desafío de la gestión de riesgos consiste en interpretarla, relacionarla con las condiciones del entorno y convertirla en acciones preventivas.
Cuando la información llega después de que el riesgo se materializó, deja de ser una oportunidad de prevención y se convierte en una explicación de lo ocurrido. La capacidad para gestionar el riesgo se demuestra cuando la información todavía puede modificar decisiones, reducir vulnerabilidades y evitar que una amenaza conocida produzca consecuencias mayores.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
