Un terremoto llamado Sinaloa

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 28 de abril de 2026, se recibió de parte del gobierno de Estados Unidos, la solicitud de detención provisional con fines de extradición sobre 8 funcionarios y 2 ex directivos del Gobierno de Sinaloa. Los servidores públicos relevantes son el actual gobernador con licencia, un senador en funciones y el presidente municipal de Culiacán, también con permiso de ausencia. Por cierto, los tres de filiación morenista. La solicitud también incluye a mandos y exmandos ministeriales, y de seguridad pública estatales.

Vayamos a las causas. Los movimientos subterráneos característicos de un terremoto se originaron en la zona de subducción de las dos capas tectónicas denominadas “Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York” y “el Gran Jurado Federal”, es decir, su epicentro tuvo lugar en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con la información de esa fiscalía de Nueva York, el trabajo de investigación se realizó durante tres años, periodo en el que se deslizó de manera sigilosa, acumulando gran cantidad energía, a base de la recopilación de testimonios de testigos protegidos y las evidencias que aportaron en lo particular, tanto “El Mayo” Zambada como los propios “Chapitos”.

Un gran jurado valoró los testimonios, evidencias y otras pruebas del expediente, deliberó y determinó, que las pruebas que le presentaron, eran suficientes para que de acuerdo con su legislación, pudieran acreditar la comisión de los delitos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de fuego y recibir sobornos millonarios para proporcionar protección institucional al Cártel de Sinaloa, grupo delictivo que por cierto, está designado por el gobierno norteamericano como una organización terrorista internacional.

Este proceso judicial derivó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitara al gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con fundamento en el Tratado de Extradición bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, la detención provisional con fines de extradición de los implicados para que sean juzgados en tribunales norteamericanos, por haber cometido delitos que tuvieron implicaciones en su territorio.

En el caso particular del gobernador ahora con licencia, en el entorno nacional, viene arrastrando desde el 2021, una serie de señalamientos y denuncias por parte de representantes políticos y sociales. Lo han acusado de estar coludido con el narcotráfico y de favorecerse electoralmente con el apoyo de grupos delictivos. La denuncia formal más reciente, se interpuso ante la FGR y la FEMDO en febrero de 2026.

En esta denuncia, de la que aún no se ha transparentado el número de expediente de la carpeta de investigación, las organizaciones sociales “Alianza Mexicana de Abogados”, “Federación de Abogados de Sinaloa”, “Colegios Jurídicos locales” y “Frente Cívico Sinaloense”, acusan a Rocha Moya de estar involucrado con el crimen organizado, de ejercer el servicio público de manera indebida, de uso ilícito de atribuciones y facultades, de encubrimiento y conductas relacionadas con la administración de justicia, de coalición de sus servidores públicos y de omisiones para garantizar la seguridad en el Estado y solicitan a las autoridades ministeriales, llevar a cabo indagatorias y proceder penalmente en contra del acusado.

Lo primero que debemos recordar es que Donald Trump y funcionarios de su gobierno, así como representantes del congreso norteamericano, dieron varias señales previas sobre el caso. Sin dar nombres, públicamente señalaron los nexos de políticos y funcionarios mexicanos con grupos de narcoterroristas.

Por esta razón no debería de tomarnos por sorpresa la solicitud de extradición, y menos, cuando se da en el marco de un tratado internacional, que data desde 1978, que generó una Ley de Extradición Internacional para que las autoridades mexicanas, actuaran con apego al marco jurídico nacional y sobre todo, porque estos argumentos normativos, se han utilizado en otros tiempos para extraditar a exfuncionarios mexicanos, que fueron acusados por su involucramiento en actos ilícitos y que purgaron o purgan penas condenatorias en prisiones de aquel país.

La reacción que hubo en Presidencia de la República y la FGR, resultan hasta cierto punto precipitadas. No actuaron con prudencia, no respondieron en el marco de los tratados y relaciones internacionales, se concretaron a pedir pruebas contundentes, a desechar los elementos presentados por autoridades estadounidenses y se cubrieron con el manto constitucional y del orden jurídico mexicano.

La presidenta exigió verdad, justicia y soberanía, la fiscalía pidió pruebas y MORENA abanderó el tema con el discurso de un agravio al pueblo de México. En todos los casos, se percibe más un cierre de filas, una muestra partidista, un encubrimiento a las conductas ilícitas de los funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa y una aceptación velada de favorecer los intereses de la delincuencia organizada.

Si se busca verdad, hay que focalizar los esfuerzos en las fiscalías de nuestro país, es posible que ahí exista bastante acervo documental del caso, si se busca justicia, siempre respetando el marco jurídico de nuestro país pero, en colaboración con las autoridades extranjeras, actuar en contra de quienes resulten responsables de cometer ilícitos y si se plantea un agravio a la soberanía y al pueblo de México, no se justifica y no se vale que una facción partidista, se encubra con estos argumentos para buscar el apoyo y respaldo popular.

No podríamos esperar una postura similar al caso García Luna, en el que el gobierno mexicano reconoció el trabajo de las autoridades norteamericanas, ofreció de manera desinteresada su cooperación e intercambio de información, las felicitó y hasta agradeció por su detención, pero sí pretendemos escuchar una postura imparcial y congruente con el caso Rocha Moya.

Se espera una postura concreta, soberana y que no perjudique los intereses nacionales. Hay que recordar que está en proceso de revisión y firma el Tratado de Libre Comercio y que tenemos a escasos días, el Mundial de Futbol.

Sobre el tema de seguridad, esperemos que con la salida de Rocha Moya, se de una reconfiguración de la estrategia de seguridad y que a pesar de lo complejo que resultan las dinámicas de los grupos delictivos que se pelean el control de diferentes zonas del Estado, se pueda lograr en el corto plazo, una reducción sostenida de la violencia, los homicidios, desapariciones forzadas y robos para que las actividades retomen su rumbo natural.

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

miguel@marmgsc.com