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Cuando las pensiones nos alcancen

RUTA JURÍDICA

Rafael Raya Lois

En los últimos 30 años, en el ámbito de la seguridad social y la protección o previsión social, el tema de las pensiones y el derecho a que las y los trabajadores en edad avanzada opten por ejercer su retiro al mundo laboral, han sido constante objeto de controversia a nivel global; basta entender casos como los de gobiernos francés y español para conocer el impacto que las pensiones ejercen en el presupuesto de los países y en la estabilidad social.

El caso mexicano no es la excepción, bastará conocer cómo de acuerdo a la información proporcionada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que en el periodo comprendido de enero a julio de 2019 se destinaron 742,846 millones de pesos para el gasto de protección social, en el mismo periodo del presente año 2023 se han erogado poco más de un billón de pesos, principalmente para las denominadas pensiones del bienestar y algunos otros programas sociales, generando todo lo anterior un considerable impacto en materia económica.

Y es que, desde el personal y criticable punto de vista de un servidor, contrario a lo que se pudiera pensar, el hecho de brindar apoyo y protección social a las y los adultos mayores, creo que no podemos reducirlo a una simple ocurrencia del actual gobierno federal o una situación de clientelismo electoral; al estudiar el fenómeno poblacional y demográfico frente a la actual situación salarial y la generación empleos formales, podríamos entender cómo algunos de los principios dentro de los que se plantó el famoso Plan de Sir William Beveridge a partir del concepto de “Estado Benefactor” (Principio de Solidaridad y Subsidiariedad) surtido a partir de la primera mitad del Siglo XX, hoy se encuentran superados por la realidad.

Entre los sistemas e instituciones de pensiones con los que cada entidad federativa cuenta, aquellas y aquellos trabajadores que ejercen su retiro dentro de los sistemas del IMSS e ISSSTE, aquellas y aquellos miembros de las fuerzas armadas y quienes cotizaron en sistemas especiales como por ejemplo el de Pemex, México suma más de 35 sistemas de seguridad social; por lo anterior, lógico resultará comprender el por qué sigue sin existir piso suficiente que sostenga a todas y todos quienes que de acuerdo a la ley y reglamento que les rija, se ubican dentro de la edad, semanas, salarios y situación jurídica por la cual puedan y/o deban jubilarse.

A casi 23 veintitrés años que el Sistema de Cuentas Individuales fue establecido, derivado de la coloquialmente denominada “Ley 97 del Seguro Social”, resulta evidente que como país, hemos reprobado frente a nuestras adultas y adultos mayores, lo anterior derivado de decisiones como el considerar a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como factor para el cálculo y pago de pensiones, cuando durante su vida productiva, las y los futuros jubilados contribuyeron a su retiro de acuerdo a salarios mínimos; el incremento de los empleos informales; el elusivo manejo de la subcontratación laboral y la implementación de esquemas evasivos en el debido pago de contribuciones en materia de seguridad social, nos ponen en una emergente situación que advierte el probable incremento de las edades de jubilación, una considerable reducción en los montos de pensiones máximas garantizadas y una terrible situación de personas mayores, que habiendo contribuido durante su vida productiva a su esencial y fundamental derecho al retiro, hoy no puedan lograr su tan añorada jubilación, cuando la tasa de retorno de nuestro país, cada vez va en constante picada.

Hoy los programas de capacitación y generación de habilidades para el empleo, los fondos para emprendedores y evidentemente la legislación laboral, habrán de voltear a ver de manera urgente e inmediata a todas y todos aquellos adultos entre los 55 y 65 años, pues más allá de programas sociales y de bienestar de gobiernos municipales, estatales o federal, las pensiones que perciban serán insuficientes para hacer frente a la situación económica que se vive, pues además el monto de los salarios que perciben los hijos o nietos a quienes tradicionalmente se volteaba a solicitar apoyo en el México de los años 70, 80 y 90 dentro de los esquemas y costumbres familiares vividos durante las décadas mencionadas, hoy resulta casi imposible de que suceda… a todo lo anterior, habremos de considerar el aumento en la expectativa de vida.

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El socio director del Despacho RL&MC es Abogado y Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, con estudios de Doctorado en materia Constitucional y de Derechos Humanos; además es Profesor del Seminario en Derecho de la Propiedad Intelectual, en esa misma institución universitaria, en el Campus de la Ciudad de México.

rafael.raya@notiemp.com.mx

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