El informe sobre desapariciones y su controversia
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
En marzo pasado, el gobierno federal publicó el Informe sobre la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, un problema que se puede conceptualizar con un carácter intersecular por abarcar dos siglos y por el periodo de tiempo de 74 años en el que se focaliza. También por las causas centrales que plantea: “La Guerra Sucia” durante la segunda mitad del siglo XX y “La Guerra contra el Narco”, a partir del 2006 y hasta el presente año.
La forma en la que se presenta el informe es cuantitativo, genérico y hasta cierto punto parcial por abordar exclusivamente la estrategia de la presente administración, razón por la que se derivan varias interpretaciones de su contenido, lo que hace del documento que sea cuestionable y debatible.
Veamos algunos puntos relevantes de las cifras que aporta el documento. Se describen 394,645 personas desaparecidas entre 1052 y el 2026, de las cuales 240,211 fueron localizadas y 132,534 permanecen en esta situación. Sobre este último dato, cataloga a 2,356 como “larga data” por lo añejo de los registros y las restantes 130,178 desapariciones, las encuadra en el periodo del 2006 al 2026. De esta cantidad de desapariciones, el propio documento refiere que 31,946 personas fueron localizadas durante la presente administración.
Son puros números y no se refieren resultados de otras administraciones, por lo que el análisis se centra en lo que se aporta públicamente. Descartemos 132,534 registros (larga data y registros de los últimos 20 años). restarían 262,111 registros de desapariciones. También suprimamos 31,946 personas que, según el informe, se localizaron durante la presente administración. Restan 208,265.
Con estos datos, una interpretación sería que 67% de las desapariciones se registraron durante la segunda mitad del sigo XX y su remanente de 6 años del siglo XXI, es decir, gran parte del problema se viene arrastrando como consecuencia de la guerra fría y a partir de 1952. Con un contexto, causas, condiciones de inseguridad, consecuencias políticas, económicas sociales y culturales, perfil de las víctimas, características y forma en la que evolucionó el problema, propias a la de los años que comprendieron este periodo, datos que son esenciales y hubiera sido importante contemplar en el informe publicado en marzo de 2026.
Sobre las 130,178 personas desaparecidas se registraron en los últimos 20 años, el gobierno federal las atribuye a la irresponsable guerra contra el narco, a partir del 2006. Tampoco hay información cualitativa, por lo que tenemos que acudir a otros datos publicados por otras fuentes, que, si bien son similares a los publicados por el gobierno federal, hacen una descripción de los registros por cada una de las administraciones de gobierno, tal y como se describe a continuación: 14% de las desapariciones registradas en este periodo, fueron denunciadas en la administración de Felipe Calderón, 28% en la de Peña Nieto, 43% en la López Obrador y 15% en lo que va de la administración actual.
Esta información permite apreciar, que si bien la segunda etapa del problema que se tiene en México sobre desapariciones tiene su origen en el 2006 con las acciones de gobierno, también nos permite observar que en lugar de disminuir el problema, se sigue incrementando, lo que refleja una incapacidad de las autoridades para atenderlo desde una perspectiva estructural.
En este sentido, hubiera sido importante que el informe, considerara también el contexto, motivaciones, condiciones de inseguridad, el impacto político, económico social y cultural, el perfil de las víctimas, peculiaridades y estructura con la que ha evolucionado el problema, así como su propia vinculación con las condiciones de la guerra sucia.
Ahora bien, respecto a los datos aportados por el informe sobre las personas localizadas, el gobierno federal actual señala que su estrategia es eficiente y que ha permitido localizar 13% de personas que fueron denunciadas como desaparecidas. No se pone en duda el dato, pero no plantea ni las formas, ni los modos, tampoco aporta estadísticas por entidades federativas, ni de las acciones de reparación del daño a las víctimas. Pero démosle el beneficio de la duda. Pero, también hay que tomar en cuenta que resta 87% y que este porcentaje, es resultado de políticas y estrategias implementadas por administraciones diferentes y que ocuparon el cargo entre 1952 y 2024.
Siguiendo la lógica de los registros anteriores de desapariciones, pudiéramos elucubrar que entre 60 y 65% de personas fueron localizadas en la segunda mitad del siglo XX y entre 35 o 40%, entre los últimos 18 años, previos a la presente administración.
También en este apartado, hubiera sido importante que se hubiera profundizado en el trabajo ministerial realizado en todo el periodo de 74 años, cómo se ha abordado el problema con cada una de las causas centrales y cómo ha evolucionado el trabajo judicial, de acuerdo con la evolución y características propias del delito. Ayudaría a los especialistas a que aportaran sus comentarios y opiniones para mejorar las estrategias en el corto, mediano y largo plazo, en la protección y reparaciones del daño a las personas localizadas y en mejorar la legislación aplicable, así como las estrategias de gobierno.
Lo que es un hecho, es que México tiene un problema estructural de desapariciones de más de 70 años, que sus causas, motivaciones y consecuencias están enmarcadas por la propia dinámica y evolución del desarrollo nacional, que para atenderse requiere de políticas y estrategias claras y concretas, con una visión prospectiva y transexenal, definiendo objetivos y metas mesurables, medibles y sobre todo alcanzables, subordinando las visiones partidistas e ideológicas a los intereses nacionales y al beneficio de la población en su conjunto.
Siendo inclusivos con las opiniones de los diferentes sectores sociales y de la comunidad internacional, como el caso del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que realizó un informe, motivado por las exigencias de las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, que trabajo con el apoyo del gobierno federal y de 13 gobiernos estatales en noviembre de 2021 y que, con la información proporcionada por las mismas autoridades, logró desarrollar un análisis que aborda el contexto social, las dimensiones del problema, el perfil de las víctimas, los patrones de conducta e impunidad de los delincuentes, la crisis del sistema forense y que propicia que 52 mil cuerpos no hayan podido ser identificados, aunque datos de fuentes abiertas, refieren una cantidad mayor (85 mil).
Recomienda hacer más eficientes las políticas públicas, prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, implementar el marco normativo, jurisprudencial e institucional, reparar el daño de las víctimas, incorporar el problema en programas universitarios de enseñanza e investigación y desmilitarizar la seguridad pública.
Si bien son los datos que adolece el informe de gobierno, hay que ser empáticos y aceptar la información que viene de terceras personas. Eso enriquece el acervo y mejora el trabajo de los funcionarios públicos.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
