Lo que siguió después de la violencia
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
Con motivo del operativo militar para detener al líder de uno de los principales grupos delictivos del país, se detonó la semana pasada una serie de acontecimientos violentos que de manera sistematizada se desarrollaron en diferentes partes del país, siendo Jalisco y en particular Puerto Vallarta, y el área metropolitana de Guadalajara, las más afectadas, y su población la más atemorizada.
La presidenta de la República optó por priorizar un evento de carácter político-social a la situación de inseguridad que se vivía en casi todo el territorio nacional. Sus palabras ante los medios de comunicación, en el sentido de que sería hasta la mañana siguiente, cuando el Gabinete de Seguridad daría a conocer los detalles del operativo, mostraron la imagen de una jefa de gobierno con poca empatía y escasa solidaridad hacia las personas afectadas por el temor e incertidumbre.
Postura más comparable con la actitud de la gobernadora de Veracruz, quien ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación sobre una persona desaparecida por los hechos de violencia en su Estado, prefirió acudir a un evento bonito que estaba por encima de los temas de seguridad.
Sobre el despliegue al respecto, si bien hubo presencia de las fuerzas armadas en Jalisco, el pueblo hubiera esperado que ante los hechos violentos, se dieran instrucciones para que el Gabinete de Seguridad operara en la entidad y dirigiera las acciones de los cuerpos policiales y militares hasta que la situación estuviera controlada, tal y como ha sucedido en varias ocasiones en el Estado de Sinaloa. Pero ¡NO! No fue así.
Probablemente consideraron que no era necesario, que la situación regresaría a la normalidad inmediatamente. Lo cierto es que sigue habiendo hechos aislados de violencia que mantienen la zozobra en un gran sector de la sociedad.
Otra situación que llamó la atención fue la declaración de la presidenta al negar actos terroristas, argumentando que el Código Federal no lo establece. Lo cierto que este ordenamiento jurídico tiene tres capítulos que hablan del terrorismo, su financiamiento e influencia internacional, y en su definición destaca que se trata de actos violentos que se cometen intencionalmente, mediante el empleo de explosivos, armas de fuego o incendio con fines diversos, como producir alarma, temor o terror en la población o un sector de ella.
Otro aspecto que llama la atención es la visita que tuvo la presidenta al Estado de Sinaloa este fin de semana, en la que señaló que esa entidad es prioridad nacional, que cuenta con el respaldo del gobierno federal y anunció más seguridad, educación y apoyo social. Esta situación también tiende a motivar interpretaciones sobre posturas parciales y exclusivas en el país.
Al margen de estos acontecimientos, surgió en medios de comunicación y redes sociales, el robo de 195 millones de registros de contribuyentes, así como los padrones de votantes, credenciales y archivos públicos del SAT y el INE. Las autoridades competentes descartaron el robo de estos documentos, pero sucede que en otras ocasiones han asumido posturas similares y tiempo después se publican las evidencias de los hackeos. Esperemos en esta ocasión tengan razón.
Pero la dinámica de violencia no es exclusiva de nuestro país y este fin de semana se publicaron las acciones armadas que surgieron entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán y la reacción de este último hacia Israel, Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak.
Lo que tienen en común los acontecimientos de nuestro país y el Medio Oriente, es la participación de los Estados Unidos. En México, con actos de presión y en Irán con acciones militares. Pero está en todos lados.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
