Casos Manzo y Sheinbaum ¿qué los diferencia?
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
En estos días se presentaron dos acontecimientos que en la esencia de seguridad, tienen mucho en común, pero en su contexto discrepan en todo. El primero tiene que ver con el homicidio de Carlos Manzo, presidente de Uruapan, Michoacán, en la noche del 1 de noviembre de 2025 y el segundo se relaciona con el acoso que sufrió Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el 4 de noviembre de este año.
El común denominador en ambos acontecimientos fue que ¡la seguridad personal falló!, ¿por qué? Simplemente porque los actores materiales lograron vulnerar la protección personal de los funcionarios, llegar hasta ellos y lograr su cometido.
Esto se le puede atribuir a los equipos responsables de garantizar la protección de los funcionarios: Faltó una planeación adecuada, ignoraron los peligros a los que están expuestos ambos funcionarios, no se llevó a cabo un proceso eficiente de gestión de riesgos, hubo una combinación de errores, omisiones y negligencia en la aplicación de los protocolos de protección personal.
Fuera del debate público y de la polarización social que se vive en el país, que por cierto, únicamente favorece a los intereses ideológicos del partido en el poder; es ineludible que el gobierno federal, debe asumir su responsabilidad en ambos eventos.
En el caso de Uruapan, Michoacán, el extinto presidente municipal clamó el apoyo para que se incrementaran los efectivos militares y disminuyeran los índices de violencia en el municipio. Por otra parte, señaló públicamente su temor ante las amenazas de muerte de las que había sido objeto él y su familia.
Sobre el incremento de efectivos militares en el municipio de Uruapan, Michoacán, el secretario de la Defensa Nacional ha reiterado en las conferencias de prensa, que hubo comunicación, coordinación y apoyo permanente con el presidente municipal. Incluso, señaló que se designaron efectivos de la Guardia Nacional para la protección periférica del alcalde, es decir para proporcionar cobertura de los espacios físicos dónde se movía. En este sentido, se puede señalar que los agentes policiales que estaban designados para este fin, o no tenían claro cuál era su papel en el dispositivo de seguridad personal o no tuvieron la capacidad para prevenir que una persona armada lograra penetrar el primer círculo de seguridad y atentar contra Carlos Manzo.
Sobre las amenazas a su persona y familia, la pregunta que queda en el aíre, es ¿por qué no se asignaron efectivos del área de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Sobre todo, si los temores de una posible agresión, las hizo públicas el presidente municipal tanto en medios de comunicación, como en redes sociales.
Hay que recordar que esta área es la que tiene como propósito asesorar y ofrecer protección, custodia, vigilancia y seguridad personal a funcionarios y además, cuenta con especialistas para analizar, prevenir y contener amenazas, riesgos y delitos. ¿Qué se puede pensar al respecto? ¿hubo una omisión por no actuar ante la preocupación del funcionario municipal? o ¿faltó interés para apoyarlo?
Ahora vayamos al caso de “acoso” que sufrió la señora presidenta. Es inaceptable que con todo el aparato que tiene para su protección personal, haya sido objeto de una agresión física de esta naturaleza.
La presidenta podrá tener la intención de mantener un acercamiento con la población, pero su equipo de seguridad debe estar en condiciones de identificar con oportunidad, los eventos peligrosos a los que pudiera estar expuesta, actuar con oportunidad ante los posibles riesgos y no exponer la integridad física, moral y psicológica de la funcionaria. Queda evidenciado que esto no sucedió.
¿Qué hubiera pasado si la agresión hubiera sido con golpes, con un arma blanca o con un arma de fuego? Siguiendo el mismo patrón, sería un hecho que el agresor hubiera logrado su objetivo. El impacto del tema hubiera trascendido a los campos institucional, político, económico, social e internacional.
Ahora bien, si fue un acto premeditado y malintencionado para desviar la atención de la sociedad sobre el homicidio del presidente de Uruapan, Michoacán, como lo están planteando algunos medios de comunicación y redes sociales, se estaría hablando de un caso en el que únicamente se busca beneficiar la imagen y los intereses políticos e ideológicos del partido en el poder.
Se estaría jugando con la seguridad de la máxima autoridad del país, sin importar las consecuencias que tuviera este punto. Sería un error muy grave y se reforzaría la idea de que el tema de seguridad, sobre todo el de los funcionarios de otros niveles de gobierno o de otras fracciones políticas, no es un tema que sea del interés de la presente administración federal.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
