Lo bueno, lo malo y lo contradictorio

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

Septiembre no ha traído únicamente eventos con los que reconocemos a los héroes que forjaron la independencia de nuestro país, ni los simulacros y ceremonias para honrar a las víctimas de los temblores de 1985 y 2017; este mes también trae temas del acontecer nacional, en los que se puede apreciar lo bueno y lo malo en el trato que se les da.

Empecemos con el involucramiento de funcionarios públicos y empresarios ligados al famoso huachicol fiscal. Lo bueno de este tema es que, en la apariencia, la presente administración federal mostró una actitud firme para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y se pueda castigar a quienes resulten responsables de estas acciones ilícitas y del daño causado al erario federal, generando una imagen de tolerancia cero y completamente diferente a la política de abrazos y no balazos de la administración federal anterior. El ejemplo real, es la presentación del caso de huachicol fiscal por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 7 de septiembre de 2025 y el discurso ofrecido por el secretario de Marina el 16 de septiembre de 2025, previo al desfile cívico militar.

Lo malo, es que, la filtración de este tema se dio un día anterior a la fecha en la que las autoridades hicieron el anuncio formal y ante los datos que supuestamente forman parte de la carpeta de investigación, relacionados con los nombres de marinos de alto rango, funcionarios de la anterior administración, gobernadores morenistas, hijos del anterior presidente, empresarios y personas ligadas con la 4T; la postura oficial, sobre todo la información que se genera en la plataforma promotora de los principios 4Teístas, resultan características propias de una defensoría de oficio, ofrece un servicio público gratuito de asistencia jurídica para probar la inocencia y honorabilidad de sus defendidos que son señalados en ataques feroces de periodistas, medios de comunicación, redes sociales y sectores de la sociedad civil que buscan imparcialidad, igualdad, equidad y transparencia en la justicia.

Otro tema no muy alejado del contexto anterior se relaciona con el líder del cártel autodenominado “La Barredora”, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Tabasco. Lo bueno de este tema es que la información disponible, permitió iniciar una carpeta de investigación y coordinar su detención dentro y fuera del país para juzgarlo por los delitos cometidos tanto del fuero común como del federal.

Lo malo es que al comparar este tema con el caso García Luna, hay mucha discrepancia en la actitud, conducta y declaraciones. La presidenta, las y los legisladores, así como la dirigente de Morena no han sido imparciales en sus declaraciones. Al expresidente Calderón lo han acusado de espurio, de cómplice y encubridor e inclusive de narco presidente. Por su parte, a Adán Augusto, lo han santificado al señalarlo como una persona pulcra, honesta y honorable y exigen pruebas. En ambos casos había un secretario de Seguridad vinculado con actividades ilícitas, ambos funcionarios eran gobernantes (uno presidente y el otro gobernador), a pesar de que ambos exmandatarios estaban en condiciones de disponer de información privilegiada de sus colaboradores, niegan haber tenido datos de involucramiento de esos servidores públicos, son muchas similitudes para que no se actúe de la misma manera.

Lo contradictorio de ambos casos es que los argumentos que se han publicado traen consigo declaraciones que resultan diferentes a los hechos reales del pasado, del presente y en algunos casos, a sus propias declaraciones. ¿No se supone que al ser servidores públicos, deben promover de manera imparcial, la libertad, igualdad y seguridad jurídica de los mexicanos, sin favorecer a personas por cuestiones de intereses partidistas, ideológicas o de grupo?

Por si fuera poco, hay un tercer caso, el de los impuestos para el año 2026. Lo aparentemente bueno, es que la presidenta anunció que no habrá un aumento de impuestos. Que habrá un ajuste en algunos aspectos, pero que están ligados a objetivos de políticas públicas de salud y seguridad, situación que, hasta cierto punto es entendible y aceptable. Lo malo es que, dentro del paquete hay una iniciativa para que se apruebe un incremento considerable en la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los intereses generados por los ahorros. Este impuesto les impacta a los mexicanos. Primero afecta de manera directa a los millones de mexicanos que tienen algún tipo de cuenta bancaría. Segundo, desincentiva el interés y la cultura del ahorro.

En caso de aprobarse esta iniciativa en el Congreso de la Unión, puede vulnerar a personas de diversos sectores sociales. Les tiende a limitar la disponibilidad de recursos para atender imprevistos o alcanzar metas financieras a largo plazo. El endeudamiento y la falta de pago tiende a incrementarse y el impacto en la salud emocional y física de las personas afectadas, será un problema en aumento.

Acaso la seguridad de los mexicanos ¿no es lo más importante?

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

miguel@marmgsc.com