Impacto de las acciones migratorias en California
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
Recientemente el gobierno de la Unión Americana orientó los esfuerzos de su política migratoria hacia los Estados que están considerados como Santuario, rompiendo con el tabú de que la cooperación local y federal está limitada para detener y deportar a inmigrantes indocumentados.
En California, las autoridades del Servicio de Control de Migración y Aduanas han ejecutado órdenes de registro en los lugares en los que se concentran cantidades considerables de migrantes (redadas) y han realizado detenciones masivas de migrantes ilegales.
Lo que tenemos que recordar es que estás actividades son parte de la política migratoria de la actual administración federal de Estados Unidos, que Donald Trump y sus colaboradores cercanos, han anunciado desde el inicio de su gestión, la implementación del programa más ambicioso de deportaciones; que este programa está encuadrado en el apartado de las amenazas a la seguridad nacional y que su objetivo es expulsar a once millones de migrantes indocumentados a los que catalogan como criminales. Por esta razón, no deberíamos estar sorprendidos, más bien se tendría que estar preparados para recibir los impactos que conllevan estas estrategias de gobierno del vecino del Norte.
Estas acciones son internas para los Estados Unidos, por lo que es muy probable que el riesgo que representan, ya esté considerado como calculado y que en los próximos días, veamos en los medios de comunicación y redes sociales, las estrategias de cobertura que implementará el gobierno de Donald Trump.
Pero para nuestro país, la reducción de empleos que genera la política migratoria del gobierno estadounidense se convierte en un riesgo diversificado. En primera instancia repercutirá en la reducción de remesas, le impacta en el gasto social, en el desarrollo económico y en consecuencia le pegará a la inflación. Los especialistas en la materia y los asesores de gobierno serán los encargados de sugerir las estrategias convenientes.
Lo que es un hecho, es que México corre el riesgo de convertirse en el centro de concentración de los inmigrantes que sean deportados por el gobierno norteamericano, es decir, se convertirá de hecho, en un tercer país seguro para estas actividades.
Esta situación, ante elementos financieros que hacen suponer la posible recesión técnica de la económica mexicana, se puede traducir en un mayor gasto de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes deberán centrar sus esfuerzos en la atención, manutención e inclusive en la deportación de migrantes de otras nacionalidades a sus países de origen,
También motiva la disposición de grupos multidisciplinarios de migración, salud, bienestar social y seguridad para mantener el adecuado control de los migrantes deportados, sin descuidar sus múltiples funciones que tienen para atender la problemática actual en el país.
Otro tema que no se puede dejar de lado, es el impacto local que tendrá el hecho de que haya inmigrantes de diversas nacionalidades. Este tema se refiere a los cambios que genera la presencia temporal de estas personas y que impactan en las dinámicas social, cultural y económica, así como en las áreas de salubridad y seguridad.
Ante esta situación, el gobierno mexicano debe ser cauteloso y prudente. Debe impulsar la diplomacia y las relaciones bilaterales con el gobierno norteamericano. Debe lograr acuerdos que permitan preservar la seguridad y soberanía nacional ante los intereses externos. Debe tener la capacidad de garantizar la seguridad pública y ciudadana, así como de subordinar ante este problema estructural, su propia política de gestión de inmigrantes regulares e irregulares y su movilidad en territorio nacional.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
