A unos días de que se cumpla el plazo
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
El próximo 3 de marzo se cumple el plazo de un mes que otorgó Donald Trump al gobierno mexicano para frenar la migración ilegal y el tráfico de fentanilo a territorio estadounidense. ¿Qué ha pasado en el transcurso de estas tres semanas y a una de que se cumpla el plazo acordado?
Lo más destacable es la estrategia militar que está funcionando principalmente en las fronteras colindantes entre ambos países y en el Estado de Sinaloa. Resulta evidente el trabajo planificado, coordinado y colaborativo de las fuerzas armadas de México y Estados Unidos. Los resultados obtenidos se centran en una barrera de contención para la migración ilegal, en un sistema logístico y ordenado de deportaciones a los países de origen de los indocumentados, en el aseguramiento de laboratorios de fentanilo y en la detención de integrantes de organizaciones delictivas y de algunos líderes señalados como promotores de la violencia.
Paralelamente se han incrementado las reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos. Por una parte, se llevan a cabo reuniones sobre temas del sector económico y de seguridad pública y participan como representantes del gobierno mexicano: Marcelo Ebrad y Omar García Harfuch; por otra parte, se llevan a cabo reuniones entre el secretario de la Defensa Nacional y los jefes de los comandos Norte y Sur. Es evidente que los temas que se tratan en estas reuniones se relacionan con las actividades y resultados obtenidos con motivo de la estrategia militar.
Por otra parte, vemos una campaña de marketing moralmente contradictoria con las acciones bilaterales que se llevan a cabo, pero, políticamente entendible, si se vislumbra bajo el sello propio de la ideología que representa el gobierno actual. Se promueve la defensa de la soberanía nacional, la no injerencia, la no subordinación y que México no es colonia ni protectorado de nadie. No queda claro sobre ¿qué amenazas y riesgos enfrenta el Estado mexicano? Probablemente se está manejando la información de este tema con la confidencialidad que acostumbran nuestras autoridades. Hay posibilidades que se esté conservando bajo reserva de ley. Razonablemente sería correcto, pero en el entorno de las relaciones y acciones que se llevan a cabo entre ambos países, no se percibe a simple vista que haya elementos, que desde el exterior estén buscando como objetivo afectar la independencia, la defensa legítima y el orden constitucional de México, que pretendan destruir las instituciones democráticas, la unidad de las partes que integran la federación o el desarrollo económico, social y político del país.
Si se es más escrupuloso, se podría hablar de actos de interferencia extranjera en asuntos internos. Las declaraciones de la presidenta refieren que se llevan a cabo en el marco de la coordinación y la comunicación requerida por el propio gobierno de nuestro país.
Al hablar de espionaje como amenaza, también hay aclaraciones oficiales en el sentido de que se trata de actividades de inteligencia que se llevan a cabo de manera conjunta y coordinada entre las fuerzas armadas de ambas naciones.
Si es porque a los grupos delictivos mexicanos se les declaró como organizaciones internacionales terroristas, muchos de los ilícitos que cometen en diferentes regiones del país, se clasifican técnicamente en esta categoría.
Si se trata de una preocupación porque señalaran el financiamiento a las organizaciones terroristas por parte de personas inocentes o víctimas de extorsión, el gobierno no tendría que preocuparse; primero porque cuenta capacidad institucional, segundo porque tiene la infraestructura de procuración de justicia y de inteligencia financiera eficientes y tercero, porque existe el marco jurídico robusto que previene el terrorismo internacional y cuarto, porque la propia presidenta ha señalado en múltiples ocasiones que hay comunicación, coordinación y un trabajo colaborativo entre México y Estados Unidos.
Lo más reciente, la iniciativa de reforma constitucional al artículo 40 para añadir la no aceptación de actos que vulneren la soberanía, como golpes de Estado, injerencia en elecciones y violaciones a territorio nacional, así como el rechazo a cualquier investigación y persecución del delito sin la autorización expresa del Estado mexicano. Probablemente sea necesaria y adecuada esta adecuación constitucional, aunque no precisamente se considera el momento oportuno para promoverla, sobre todo si se toma en cuenta: 1) La efervescencia política interna y las decisiones que toma el Ejecutivo y el Legislativo de manera conjunta que son señaladas como unilaterales y dictatoriales sin tomar en cuenta la opinión de las minorías legislativas, como el caso de la cuestionada elección judicial, 2) La polarización social que aún persiste en el país y que no se observa la intención de cambiarla, 3) La publicación de una carta en la que Ismael “Mayo” Zambada exige al gobierno mexicano ser repatriado y la postura de la presidenta para revisarla bajo el supuesto argumento de no haberse seguido el proceso jurídico correspondiente.
En tres semanas de trabajo, queda claro que la estrategia de trabajo conjunto entre México y Estados Unidos es de carácter militar. Ha dado pocos resultados, pero probablemente sean suficientes para motivar una declaración favorable sobre el alargamiento de tiempo en la imposición de aranceles.
Las reuniones bilaterales son importantes pero sus objetivos son de mediano y largo plazo. Por su parte, el marketing político no tiene como destino la cobertura de la estrategia de seguridad, más bien se aprecia la intención de seguir cubriéndole las manchas que diariamente se reflejan en la piel del tigre.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
