Un nuevo enfoque en la responsabilidad patronal
Rafael Raya Lois
A partir de la denominada “Reforma en Materia de Subcontratación Laboral”, las autoridades fiscales, laborales y de seguridad social, tanto a nivel federal, como a nivel estatal, han incrementado de manera progresiva sus actividades en el rubro de auditoría, inspección y verificación en el cumplimiento de las obligaciones de las y los patrones, para con sus trabajadores.
Muestra de ello, es el Boletín 39/23, que de manera conjunta el pasado viernes 14 de agosto de 2023, publicaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que manifiestan que: “Se han impuesto multas por 27 millones de pesos a empresas que han incumplido a la normatividad aplicable” y que “se han cancelado 1,755 registros del REPSE e iniciado los procesos sancionadores contra las empresas contratantes”.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los días 8 de junio de 2023 y 7 de julio de 2023, publicó en el Diario Oficial de la Federación, los correspondientes Acuerdos ACDO.AS2.HCT.300523/128.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.260623/160.P.DIR respectivamente, a través de los cuales el Consejo Técnico del citado Instituto, expresamente manifiesta que se considera que realizan una práctica fiscal indebida en materia de seguridad social, aquellas empresas que para efectos del pago del salario de los trabajadores, utilicen esquemas de Planes Privados de Pensiones, Pagos Anticipados de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades de las Empresas, así como los Bonos de Productividad.
De tal suerte, cada vez se tiene mayor conocimiento de empresas a las que se le han iniciado por parte de las referidas autoridades, actos tales como notificaciones de cartas invitación al cumplimiento de obligaciones en materia fiscal o de seguridad social, procedimientos de visita domiciliaria, revisiones de gabinete, compulsas con terceros relacionados, visitas de inspección, procedimientos de revisión de dictamen realizado por contador público autorizado, por citar algunos ejemplos. Lo anterior, sin importar si se trata de una microempresa, Pyme o grandes patrones contribuyentes.
De ahí que resulta inminente para todos los centros de trabajo, llevar a cabo procedimientos internos de revisión y validación respecto a la información que en materia fiscal, contable y laboral con la que cuentan, a efecto de solventar las actuaciones de las autoridades previamente mencionadas y evitar sanciones como a las que se ha hecho mención en la presente columna.
A lo anterior, habremos de añadir que siguen pendientes por arrancar formalmente las inspecciones que de manera coordinada y conjunta se estarán llevando a cabo por los organismos de verificación del gobierno norteamericano, junto con los funcionarios de los gobiernos federal y estatal que dentro de tal programa sean designados, esto dentro del marco de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano para la firma del T-MEC.
Así las cosas, la responsabilidad de los patrones debe ser vista y asumida dentro de un entorno trilateral donde cualquier decisión corporativa que se tome al interior de las empresas, podrá tener impacto en materia fiscal, laboral o de seguridad social, advirtiendo los efectos que la misma produzca, respecto de las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que les resulten aplicables en las áreas ya mencionadas.
