Transporte de combustibles, riesgo persistente
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
En los últimos dos meses, diversos accidentes en los que se vieron involucradas pipas que transportaban gas y combustibles, volvieron a ocupar los titulares de los medios de comunicación.
El 4 de junio, en el municipio de Tepeaca, Puebla, se registró la explosión de varias pipas de gas. Un día después, un camión que transportaba aceite y combustible se accidentó en la autopista Chamapa–Lechería. El 25 de junio, otra unidad de gas explotó en la carretera Texcoco–Calpulalpan. El 1 de julio, una pipa más se vio involucrada en un accidente en la carretera México–Veracruz. Y el 3 de julio, un vehículo que transportaba combustible se accidentó en la carretera Iguala–Cuernavaca.
Los accidentes ocurrieron en distintos puntos del país y bajo circunstancias diferentes, pero todos dejaron la misma percepción: “Estamos frente a un problema que no desaparece, solo se repite”. La pregunta es ¿por qué este tipo de eventos continúan presentándose, después de que cada tragedia genera investigaciones, anuncios, revisiones regulatorias y nuevos compromisos para fortalecer la seguridad?
La explosión registrada el año pasado en el Puente de La Concordia, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, representó uno de los accidentes más graves relacionados con el transporte de materiales peligrosos en la historia reciente del país. Su magnitud obligó a replantear políticas públicas, a fortalecer los mecanismos de supervisión y a revisar y actualizar procedimientos y normas de operación.
A pesar de estas acciones, los accidentes recientes muestran que el riesgo continúa presente. No es por la falta de voluntad de las instituciones, es porque la naturaleza del problema rebasa la respuesta a un solo evento y exige comprender que se trata de un sistema complejo.
Todos los días circulan por las carreteras de México, miles de vehículos que transportan gas LP, combustibles y sustancias químicas indispensables para el funcionamiento y desarrollo nacional. La mayoría concluye sus recorridos sin incidentes. Esa normalidad es la que genera una percepción equivocada. Se asume que la ausencia de accidentes equivale a la inexistencia de riesgo. La realidad es otra. El riesgo permanece, pero simplemente no se ha materializado.
La gestión de riesgos parte de una premisa distinta. Ninguna emergencia surge de manera espontánea. Detrás de cada accidente existe una combinación de factores que, al coincidir en tiempo y espacio, generan las condiciones para que ocurra un siniestro.
Las condiciones mecánicas de la unidad, capacitación del operador, mantenimiento, supervisión, estado de la infraestructura, intensidad del tránsito, condiciones meteorológicas y capacidad institucional forman parte de un mismo sistema. Cuando alguno de estos elementos se debilita, aumenta la probabilidad de que el riesgo se convierta en una emergencia.
Las lluvias intensas registradas en diversas regiones del país ayudan a ilustrar esta realidad. Un pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos; la disminución de la visibilidad, limita la capacidad de reacción; un deslave modifica las condiciones de circulación y un percance puede derivar en fugas, incendios o explosiones. Las emergencias rara vez permanecen aisladas. Con frecuencia evolucionan como una cadena de acontecimientos que incrementan progresivamente sus consecuencias.
Después de cada accidente es natural que la atención se concentre en las acciones de respuesta. Se movilizan cuerpos de emergencia, realizan investigaciones, anuncian inspecciones extraordinarias y revisan protocolos. El desafío viene después, cuando la emergencia deja de ocupar los titulares y la presión social disminuye.
La experiencia demuestra que la prevención exige una disciplina mucho más compleja que la respuesta. Responder implica actuar cuando la emergencia ya ocurrió. Prevenir obliga a sostener, de manera permanente, procesos de control, capacitación, análisis, inteligencia, mantenimiento y coordinación institucional, incluso cuando no existe una crisis visible.
Hoy existen herramientas tecnológicas capaces de monitorear rutas en tiempo real, incorporar información meteorológica, identificar patrones de riesgo y generar información útil para la toma de decisiones. La tecnología por sí sola no resuelve el problema, su verdadero valor depende de la capacidad institucional que se tenga para transformar la información en decisiones oportunas y sostenidas.
Los accidentes recientes dejan una reflexión que trasciende al transporte de materiales peligrosos: “Las organizaciones muestran una gran capacidad para responder a las emergencias, pero enfrentan mayores dificultades para mantener, con la misma intensidad, las acciones preventivas, una vez que la atención pública disminuyó”. Esa diferencia explica el por qué algunos riesgos continúan repitiéndose, aún cuando cada accidente deja nuevas lecciones.
El verdadero éxito de una política de seguridad no debe medirse por la eficacia con la que controla una emergencia, sino por su capacidad para evitar que las mismas condiciones vuelvan a producir un resultado similar. Ahí es en donde verdaderamente radica la diferencia entre administrar consecuencias y gestionar riesgos.
Las carreteras no solo transportan personas y mercancías, también riesgos. Su administración exige visión estratégica, coordinación institucional y la convicción permanente de que la mejor emergencia será aquella que nunca llega a ocurrir.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
