El papel de la seguridad en la revisión del TMEC
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
De acuerdo con el programa de revisión del TMEC, el 2025 es un año destinado a las consultas públicas para integrar propuestas que permitan mejorar las relaciones comerciales entre los países de América del Norte.
México ha dedicado este año para desarrollar las consultas públicas que le permitirán llegar a la revisión conjunta del 1 de julio de 2026, con una propuesta robusta, que tenga un enfoque integrador, definido y unificado con los sectores productivos del país y aprobado por los poderes de la Unión.
El texto actual del TMEC no aborda de manera específica un capítulo que esté destinado al tema de seguridad, pero este principio se aborda de manera transversal en los diferentes capítulos del tratado comercial, lo que permite diversificar su campo de acción.
La pregunta es ¿Qué papel jugará la seguridad en la revisión del TMEC? Es posible que se siga manejando el mismo enfoque del texto actual. En cada capítulo se abordará la seguridad como un mecanismo de control y protección de los activos involucrados, se buscará privilegiar la protección de datos, productos y servicios, y se buscará que exista el soporte jurídico necesario para el inversionista, empresario y consumidor, tal y como lo establece el texto actual, pero destacan los siguientes temas en los que el principio de seguridad será exigido como elemento esencial por parte de Estados Unidos y Canadá para lograr acuerdos de inversión en nuestro país.
La seguridad jurídica, sin duda será el centro neurálgico de las negociaciones. Nuestro país debe generar certidumbre y confianza para las inversiones y operaciones de negocios. Debe mostrar reglas claras, un marco legislativo transparente, imparcial y robusto, la protección a las inversiones y a los derechos de particulares, mecanismos para atender controversias y el respeto al estado de derecho. Hasta el momento, las reformas constitucionales al Poder Judicial y la actuación de sus actuales integrantes no han logrado generar la certidumbre y confianza esperada. Muestra de ello son los cuestionamientos del sector productivo de Estados Unidos que exigen que su gobierno tenga una postura firme en la protección de sus inversionistas, ante el riesgo de no contar con arbitrajes independientes por la politización del Poder Judicial. Si a este punto sumamos el planteamiento para reducir el presupuesto a los órganos autónomos en el 2026, es evidente que la percepción negativa continuará.
El acceso de mercancías, si bien se centrará en el proceso de la cadena de suministro, la información que se considere en la trazabilidad documental será un tema esencial para evitar falsificación, fraudes o contrabando de productos, en donde destacarán las medidas de seguridad que deban aplicarse al transportar mercancías en territorio nacional. Si bien México tiene un catálogo amplio de normas oficiales que establecen procesos y medidas de seguridad para el manejo, transporte y distribución de bienes, servicios, inclusive de productos y residuos peligrosos, el reto será unificar las normas que apliquen en los tres países y garantizar el control y protección de mercancías, vehículos y personas en las carreteras del país.
Los compromisos arancelarios; si bien no es un tema de seguridad, se debe tomar en cuenta que Estados Unidos ha venido aplicando una estrategia de presión hacia el gobierno mexicano para motivarlo a endurecer sus políticas para combatir el tráfico de fentanilo y la migración ilegal, amparándose en un concepto de seguridad nacional. Las autoridades mexicanas han actuado en dos sentidos: por una parte, han reorientado la estrategia de seguridad, mostrando resultados evidentes, tangibles y cuantificables y por otra, exigiendo que el gobierno norteamericano no aplique acciones unilaterales que motiven la violación del acuerdo en la materia. Hasta el momento se ha logrado contener la presión, pero no se descarta, que el gobierno de Donald Trump pretenda incorporar una condicionante de este tipo en la nueva versión del tratado comercial.
La administración aduanera y facilitación del comercio, contiene entre otros apartados, la gestión de riesgos en el proceso de comercio transfronterizo, la prioridad a mercancías de alto riesgo, la prestación del servicio de agentes aduanales íntegros y profesionales. Lo relevante de este tema para México es que actualmente las autoridades ministeriales están investigando un caso de contrabando de combustible que conlleva la falsificación de documentos y el fraude fiscal. Están involucrados funcionarios, empresarios y mandos navales que tenían bajo su responsabilidad la administración de aduanas en el país. Si bien este tema, se está atendiendo en el ámbito judicial, existe la probabilidad de que los representantes de Estados Unidos y Canadá utilicen este tema para cuestionar actos de corrupción de parte de las autoridades mexicanas e imponer criterios propios en temas de seguridad aduanal e involucrarse en los procesos de selección de los funcionarios mexicanos que se destinen en este campo de acción. El gobierno mexicano debe garantizar certidumbre y confianza en este tema al seleccionar funcionarios confiables y honestos en puestos estratégicos y sensibles de la estructura aduanal de nuestro país.
El sistema financiero; este tema que resulta trascendental en el tratado de libre comercio será aprovechado por el gobierno de los Estados Unidos para presionar a México en que su sistema de supervisión y regulación sea el encargado de mantener la estabilidad, proteger a los consumidores y prevenir delitos financieros como el lavado de dinero. La narrativa seguirá siendo la falta de confianza en las autoridades mexicanas por el involucramiento de funcionarios en actos de corrupción y porque, el crimen organizado tiene el control del gobierno mexicano. Vale la pena que las autoridades mexicanas sigan aportando resultados contundentes en el combate a la delincuencia organizada, principalmente de líderes de primer nivel. También es necesario que eviten ofrecer una imagen proteccionista de aquellos funcionarios que han sido cuestionados por su involucramiento en actos delictivos.
El comercio digital, es un aspecto esencial para el intercambio entre las tres naciones. Establece que las partes son responsables de desarrollar las capacidades que den respuesta a incidentes de ciberseguridad, identificar y mitigar amenazas a los sistemas electrónicos y mantener una política de mejora permanente. Este punto reviste importancia prioritaria. En el radica la protección de datos y transacciones bancarias. Para nuestro país, será un reto estar a la altura de las circunstancias, sobre todo, cuando instituciones de los tres órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, han mostrado vulnerabilidades en sus sistemas tecnológicos que han ocasionado ciberataques, intrusiones y robo de información relevante y confidencial.
Es recomendable desempolvar la iniciativa de la ley de ciberseguridad, revisarla, actualizarla y aprobarla, ya que será un instrumento normativo que muy probablemente le exigirán a nuestro país, tanto Estados Unidos como Canadá.
Por último, el apartado de excepciones y disposiciones generales seguirá siendo el punto estratégico para las partes involucradas en el tratado comercial, les seguirá garantizando la libertad de acción para desarrollar mejoras continuas en los mecanismos de control y protección de los activos de valor y que puedan garantizar los intereses esenciales de la propia seguridad.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
