La incredulidad a los datos oficiales

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

La presidenta de la República dio a conocer la semana pasada, estadísticas en materia de homicidios dolosos durante el tiempo que lleva su administración. Los números de sus estadísticas son alentadores. Hablan de una reducción del 42%, visto de otra forma, según la propia presidenta, se cometen 36 homicidios menos cada día en nuestro país y enero de 2026 se convirtió en el mes con menos homicidios dolosos desde el 2017.

Esta información en circunstancias diferentes a las que se viven en diferentes regiones del país sería un logro loable, se aplaudiría por todos los sectores sociales, se agradecería a autoridades su aportación por el bien del país. Esto simplemente, porque uno de sus mayores anhelos que los delitos de alto impacto, bajen de manera significativa y que las condiciones de paz y de libre tránsito se garanticen, por el bien de la sociedad, del propio gobierno y sobre todo del país.

Uno de los factores que inciden en la falta de credibilidad del discurso oficial, se refiere al escenario en el que se comunica. Sus características lo han hecho opaco y alejado de la realidad, la palabra dejó de ser sincera, no escucha opiniones, es confrontativa, en muchas ocasiones contradice al lenguaje corporal y lo más preocupante, es que enfría el mensaje, por lo que no logra crear la sensibilidad necesaria.

Otro factor que no ayuda a creer las cifras oficiales es la violencia que prevalece en diferentes regiones del país y que se matiza con una narrativa de casos atípicos, aislados, circunstanciales y casuales, que están siendo atendidos por autoridades correspondientes. Lo interesante del caso es que los ciudadanos son espectadores de hechos violentos en poblaciones en que viven, son consumidores de contenidos de medios de comunicación y de redes sociales, a través de las que se publican acontecimientos y agresiones que llevan a cabo grupos delictivos.

Un factor más es no aceptar el uso de armamento de alto poder y de explosivos de parte de la delincuencia organizada, ya sea para no comprometer la soberanía y seguridad nacional o simplemente para minimizar las acciones de grupos delictivos. El gobierno federal, al asumir esta postura, muestra una imagen de desconocimiento sobre el contenido del orden jurídico mexicano y no acepta la realidad de las capacidades de estos grupos, a pesar de ser una constante. Un ejemplo reciente es Zacatecas, entidad en la que en menos de un mes se han presentado dos agresiones en contra de autoridades estatales, utilizando explosivos, armas de alto poder y granadas.

En este apartado no podemos descartar la violencia que se vive en Culiacán, Sinaloa, que tiene su génesis en octubre del 2019, pero que se robusteció en septiembre de 2024 y que hasta la fecha prevalece, sin que haya podido contenerse ni controlarse.

Otro factor tiene que ver con las desapariciones de personas que, de acuerdo con estadísticas de organizaciones de derechos humanos, tuvo un repunte en el 2025. Esta situación ha motivado un activismo de parte de madres y padres de familia que piden la colaboración de autoridades federales y locales para que les ayuden a localizar a sus familiares. La percepción que se tiene en muchos de los Estados del país es que este apoyo resulta esporádico, temporal, transitorio y en ocasiones nulo.

Estos factores, entre otros más, llevan a la población a desconfiar de los datos oficiales, les genera incredulidad y cuestionan su veracidad. Esta situación se refleja en estadísticas de percepción de inseguridad, que promedian más de 60% de la población que se siente insegura y refleja una tendencia al alza para el cierre del primer trimestre de 2026. Por si esto no fuera suficiente, las autoridades se empeñan en justificar que la percepción de inseguridad se basa en otras variables que resultan ajenas a las condiciones de paz, seguridad y libre tránsito.

Lo hemos planteado en diversas ocasiones para que el gobierno genere confianza, certidumbre, tranquilidad en la población, debe ser realista, objetivo, transparente y autocrítico. De lo contrario, su discurso seguirá generando incertidumbre, una postura inadmisible y de desconfianza de parte de la población y sus estadísticas seguirán observándose como algo inverosímil y cuestionable.

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

miguel@marmgsc.com