¿Qué hay atrás de la suspensión de aranceles?
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
Los gobiernos de México y Estados Unidos de América informaron públicamente, que con motivo de una llamada telefónica, acordaron suspender los aranceles a productos mexicanos por el periodo de un mes. También informaron que se lograron acuerdos en materia de seguridad y comercio.
Sobre el primer punto, la presidenta de México anunció el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional (GN) en la frontera Norte del país y la participación del secretario de la Defensa Nacional para coordinar los esfuerzos y se fortalezca la seguridad en esa frontera.
Este acuerdo se podría traducir en una estrategia militar para atender el problema de la migración ilegal, así como la producción y distribución de fentanilo. Los indicadores son claros, sobre todo, si se considera que el gobierno de los Estados Unidos tiene desplegadas tropas de sus fuerzas armadas en la frontera con México y recientemente en una demostración, permitió observar una aeronave espía y tres embarcaciones de guerra cerca de las costas de Sinaloa y Baja California.
¿Será que se empieza a perfilar un cambio de timón en la política pública de seguridad y se pretende justificar en el marco jurídico de la seguridad nacional? ¿Acaso estamos en la antesala de la nueva narrativa del gobierno federal? Estaremos a punto de escuchar que la migración ilegal, que se concentra masivamente en el país, impacta directamente en la provisión de bienes y servicios públicos o, que las actividades de cobertura para la producción, traslado y comercialización ilegal del fentanilo tienen como propósito, impedir la actuación de las autoridades para contener a la delincuencia organizada.
Bajo esta percepción tiene sentido impulsar una estrategia que proteja la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y el desarrollo económico del país, ante las acciones peligrosas de grupos y organizaciones que buscan desestabilizar a nuestra Nación.
Sobre los migrantes de otros países que lleguen a México, queda claro que habrá dos caminos a seguir por parte de las autoridades mexicanas: 1) El retorno asistido a sus países de origen para aquellos extranjeros, que de común acuerdo, sean canalizados por el gobierno de Estados Unidos, 2) La deportación para los migrantes que ingresen al país de manera ilegal y sin la documentación requerida. Estas acciones están establecidas de manera clara en la Ley de Migración, por lo que no deben ni deberían ser motivo de controversia mediática o política.
Respecto a la forma en la que se atenderá el problema del fentanilo, puede ser debatible, cuestionado y aprovechado en beneficio de intereses particulares, pero queda claro que, si se percibe desde la óptica de la seguridad nacional, hay elementos de juicio para justificar la participación de la GN para actuar en contra de una amenaza a la seguridad del país.
Ahora bien, si se atiende desde la perspectiva de un delito contra la salud pública, porque hay actividades relacionadas con la producción, tenencia y tráfico de narcóticos y porque lo establece el Código Penal Federal, entonces el papel de la Guardia Nacional cambia y en lugar de considerarla como una fuerza armada, actúa en su calidad de fuerza de seguridad pública y en el ámbito de su competencia tiene que intervenir en la prevención, investigación y persecución del delito. Las fuerzas armadas en este sentido, actuarán en tareas de apoyo a la seguridad pública, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que hay atrás de la suspensión de aranceles es una estrategia binacional que busca dar resultados inmediatos con la participación de las fuerzas armadas de México y de los Estados Unidos. En el ámbito azteca, la participación militar está justificada en cualquiera de las ópticas por las que se analice: la seguridad nacional o la seguridad pública.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
