Golpe de realidad para no olvidar inseguridad

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

Los reflectores se encuentran en la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, en las acciones de los gobiernos afectados para revertir sus efectos, en la ceremonia exequial del Papa Francisco y en los preparativos del Cónclave para designar a su sucesor. Estos temas por su propia naturaleza constituyen un excelente mosaico para distraer la atención pública de los temas internos, ya sea en el sector público, privado e inclusive en el social.

En estos casos se aprovechan los vacíos que generan estos distractores para promover políticas públicas veladas, poco transparentes y que tienden a impactar de manera negativa en el respeto a los derechos humanos.

Un ejemplo de este tema es en nuestro país, la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones que ha sido cuestionada por la forma en la que transitó la propuesta “vía fast track” y por la narrativa oficial que plantea la intención de regular el uso del espectro electromagnético, las redes públicas, de telecomunicaciones y el acceso a la infraestructura y recursos orbitales, cuando en el contenido de la reforma, se interpreta en diferentes sectores nacionales e internacionales como una ley mordaza que restringe la privacidad y amenaza la libertad de expresión y manifestación.

Llama más la atención esta reforma, cuando el Poder Judicial y el Poder Legislativo reculan y piden corregir su redacción para aclarar el sentido de su objetivo. Da la impresión de que su intención en realidad era la de limitar la libertad de prensa y las redes sociales.

Esta percepción, por lógica, motiva que la sociedad tenga dudas, que se inquiete, moleste y sobre todo que se preocupe ante la posibilidad de que se genere una política dictatorial que viole sus garantías individuales y que insulte su propia inteligencia, tal y como lo señaló la actual dirigente de Morena en su época de legisladora, cuando cuestionó una reforma similar, promovida por la administración de Enrique Peña Nieto.

Ahora bien, es la segunda ocasión que se hace una propuesta similar en el lapso de tres administraciones, lo que muestra que hay una necesidad real de mejorar el contenido de la Ley de Telecomunicaciones. Lo importante sería que se planteara bajo la perspectiva de seguridad nacional, seguridad interior o seguridad pública, dependiendo la necesidad que se tenga, que se justificara para mejorar y transparentar el trabajo de las instituciones de seguridad y que se argumentara su regulación bajo un enfoque jurídico y de estricto respeto a los derechos humanos.

También sería prudente que la reforma caminará bajo un proceso legislativo inclusivo y participativo, cosa que se ve difícil y hasta cierto punto imposible, por las condiciones que presenta nuestro sistema político actual.

Mientras esto sucede, grupos delictivos dan un golpe para no olvidar la realidad de inseguridad que se vive en diferentes regiones del país, como el caso de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Nuevo León, en los que durante la semana pasada hubo diversos eventos violentos, quema de automóviles y cierre de carreteras.

Si reflexionamos sobre el tema, se puede apreciar, por una parte, que tienen cierta similitud a los que ocurrieron en los meses de octubre y diciembre de 2024 y, por otra parte, la narrativa oficial, sigue siendo la misma, se justifica la violencia como parte de los enfrentamientos que tienen los grupos delictivos que pelean el control territorial en diferentes Estados del país.

Causa preocupación esta situación, porque muestra cierta incapacidad de las autoridades para garantizar el éxito de la estrategia de seguridad, para controlar los espacios públicos, garantizar la paz social y permitir el libre tránsito.

Las autoridades mexicanas deben ser capaces de equilibrar y orientar en una misma dirección, el trabajo colectivo de los Poderes de la Unión y de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los diferentes niveles de gobierno, deben ser capaces de garantizar la integridad territorial ante las acciones violentas de los grupos delictivos, deben proporcionarle a la población la cobertura necesaria ante los riesgos y amenazas que enfrenta diariamente, tiene que estar en condiciones de garantizar el control de los espacios públicos y de las vías de comunicación. También es importante que atiendan en una dimensión paralela, las causas estructurales de la inseguridad, que sean preventivas, pero también oportunas y enérgicas al contener los hechos violentos.

Otro punto importante es que deben ser transparentes, e inclusivos y permitir la participación ciudadana cuando se tengan que hacer propuestas de reformas constitucionales y legislativas.

Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.

miguel@marmgsc.com