El impacto de la apología del delito en la sociedad
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
Recientemente la Feria de Texcoco fue escenario de disturbios y de una conducta poco usual por parte del público que acudió al espectáculo de un cantante de música regional, a quien agredió y dañó su equipo de trabajo, después de que se negara a cantar corridos durante su presentación.
Si bien el artista evitó las canciones que glorifican a personajes de la delincuencia organizada por disposición de las autoridades de la feria, el génesis de estas acciones se centra en las políticas públicas aplicadas por las autoridades federales y locales, después de la controvertida participación de un grupo musical en un centro de espectáculos de Zapopan, en el que hizo apología del delito, bajo la complacencia de los encargados del evento.
Sobre las políticas públicas que se han promovido para evitar la propagación de la apología del delito, destaca la postura de la Presidencia de la República, que se ha manifestado por combatir la narrativa violenta antes de la erradicación y las acciones de los gobiernos de algunos Estados que han optado por prohibir los narcocorridos y los corridos tumbados en los espectáculos públicos de sus entidades, destacando el Estado de México.
Ahora vayamos a la conducta social. La prohibición de algo, por lo regular tiene consecuencias adversas a las que se esperan de parte de una comunidad. La muestra de ello fue la actitud y conducta mostrada por el público que asistió al espectáculo en la Feria de Texcoco y que pagaron un boleto para escuchar la música de su preferencia.
Más allá de que sea entendible y no aceptada esta conducta, resulta evidente una sinergia cultural que ha permitido en algunos sectores sociales, reconocer y aceptar tanto corridos prohibidos como integrantes de grupos delictivos, antes que las normas legales y las propias autoridades.
Son varios los factores que influyen en estas conductas sociales: 1) Hay regiones del país en las que los grupos delictivos gozan de mayor respeto que las propias autoridades, 2) La falta de atención en la promoción de los valores fundamentales, tanto en el seno familiar como en los centros educativos, genera un vacío en las nuevas generaciones que buscan espacios con los que se puedan identificar y tener un sentido de pertenencia, 3) Los juegos interactivos de violencia en los que muchos adolescentes y jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo, está provocando que se identifiquen con este tipo de prácticas, 4) La difusión de los corridos prohibidos se ha incrementado de manera exponencial en medios de comunicación y redes sociales, en los últimos diez años, 5) La polarización social, la corrupción y el involucramiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en actividades ilícitas, ha provocado un rechazo al estado de derecho, al acatamiento de las leyes y al respeto de los derechos humanos, y 6) la incapacidad de las autoridades para reducir los índices de violencia y los delitos de alto impacto, ha generado la desconfianza de la sociedad en sus representantes sociales.
Como se puede observar, hay un ambiente propicio que genera un caldo de cultivo en el que la delincuencia organizada se ve favorecida. El Estado mexicano y los gobiernos locales tienen un reto importante y deben trabajar con políticas públicas integrales, inclusivas y eficaces para poder retomar en el corto plazo, el estado de derecho, la obediencia a las normas legislativas y el respeto a las garantías de los ciudadanos.
Será fundamental que la elección judicial tenga resultados inmediatos. Debe lograr un sistema de justicia efectivo, la transparencia y rendición de cuentas, la independencia y sobre todo, la erradicación de la corrupción en el sistema público, algo muy difícil pero no imposible de lograr. Este tema es esencial, ya que se trata de los cimientos que deben sostener el éxito de la estrategia de seguridad, la reducción de la violencia, la confianza social en las autoridades, pero sobre todo, la sana convivencia de los ciudadanos en espacios libres de peligro.
Ahora bien, para atender el problema que ha generado la apología del delito se debe tipificar como un delito grave en los ámbitos federal y estatal, con penalizaciones ejemplares que se deben sancionar de manera justa, objetiva y transparente. Por su parte, la educación es fundamental, ya que debe incluir el tópico axiológico en el que se promuevan de manera consciente, los valores morales y éticos, el respeto a la legislación vigente y actuar en un ambiente de paz y de no violencia.
En el campo de la cultura, se deben diseñar contenidos que permitan la participación ciudadana en actividades que estén destinadas a promover la cohesión social, la interacción pacífica, el respeto recíproco y una conducta honesta, justa y honorable, buscando en todo momento alejar a los sectores sociales más vulnerables de las conductas violentas y delictivas.
Hagamos de la seguridad, una disciplina, una norma de conducta y un principio de observancia.
